La Generalitat bloquea desde 2007 el plan rehabilitador de El Cabanyal

El Cabanyal es uno de los barrios con más potencial de Valencia. Pero lleva años congelado y, por tanto, degradándose por el conflicto judicial en que está envuelto su plan urbanístico. En 2007, el Ministerio de Vivienda firmó un convenio con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para incentivar la rehabilitación de casas. Las tres administraciones se comprometieron a invertir 10 millones de euros en tres años, pero la primera anualidad transferida por el ministerio nunca fue justificada por el Consell y el plan de rehabilitación encalló.

En 2010, a petición de la Generalitat, se incorporó una adenda al convenio para reajustar los plazos y seguir adelante con el convenio. A fecha de hoy, la Generalitat sigue sin justificar aquella primera anualidad, cerca de 700.000 euros, según fuentes del Gobierno. Tampoco tiene constancia el Gobierno español de que hayan comenzado los trabajos de rehabilitación acordados ni consta que se haya abierto al público una ventanilla exclusiva para gestionar este convenio como se comprometieron las partes, señala un reciente informe del ministerio al que ha tenido acceso este diario.

Partidos, vecinos y comerciantes piden a la alcaldesa que se siente y dialogue

El Consistorio no concede licencias de obras desde hace meses

El convenio se firmó el 3 de diciembre de 2007 y el objetivo entonces era la rehabilitación de 350 viviendas del centro histórico de El Cabanyal y El Canyamelar Norte. De los 10 millones previstos, 4,3 millones se destinaban a la rehabilitación de edificios y viviendas, 5,6 millones estaban dedicados a infraestructuras y urbanización. Una partida de 83.000 euros se reservaba para el equipo técnico encargado de supervisar el acuerdo.

La financiación corría en un 27% a cargo del ministerio, en un 67% a cargo de la Generalitat, un 0,25% lo ponía el Ayuntamiento y los particulares aportaban el 4,81% restante. En 2007 estaba prevista la inversión de cuatro millones de euros -690.000 los desembolsaba el ministerio y 2,9 millones la Generalitat-. Al año siguiente tocaban invertir otros 3,9 millones de euros y en 2009, último año de vigencia del convenio a tres bandas, otros 1,9 millones de euros.

El 28 de diciembre de 2007, el Gobierno libró su aportación a favor de la Generalitat y nunca más se supo, asegura el documento ministerial. De nada sirvió que en febrero de 2010 se añadiera una adenda para ajustar las anualidades y ampliar el plazo de ejecución del convenio hasta diciembre de 2014.El Ministerio de Vivienda ya dijo el año pasado que carecía de sentido que la Generalitat y el Ayuntamiento firmaran un convenio de rehabilitación si luego no pensaban usarlo ni tramitarlo ante los ciudadanos.

Gobierno y Consistorio están enfrentados desde hace más de un año a cuenta de la suspensión del plan urbanístico del barrio, aprobado en su día por el gobierno local del PP, y que prevé prolongar la avenida de Blasco Ibáñéz hasta el mar a costa de cientos de casas de El Cabanyal, un barrio protegido en el PGOU por su peculiaridad. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, dictó una orden a final de 2009 suspendiendo el plan urbanístico en vigor alegando que había riesgo de expolio patrimonial. Ayuntamiento y Generalitat intentaron contrarrestar la orden con un decreto y posterior ley y en medio de la pelea legal, el Consistorio procedió al derribo de varias casas en la zona donde está prevista la ampliación. Al final se ha impuesto cautelarmente la orden ministerial que protege el barrio de las excavadoras. Por lo menos, hasta que los tribunales resuelvan el contencioso. Eso o que el PP gane las elecciones generales del 20-N, en cuyo caso, el escenario más plausible es que el nuevo ministerio de Cultural anule la orden que suspende el plan urbanístico de El Cabanyal.

Entretanto, el Ayuntamiento de Valencia tiene prácticamente paralizada la concesión de licencias de obra y actividad. Las tramita hasta el final y cuando están pendientes de la resolución del concejal, se suspenden gracias a una interpretación restrictiva de la orden ministerial.

El gobierno local, que preside Rita Barberá, ha hecho caso omiso del informe de la Abogacía del Estado, de septiembre de 2010, que dice que el Consistorio no puede excusarse en la paralización del plan para denegar las licencias de obra. Tampoco han servido de mucho las quejas de la Asociación de Vecinos de El Cabanyal-Canyamelar, o las peticiones de consenso y diálogo de los comerciantes del barrio, que incluso han presentado un plan de revitalización económica. Las universidades valencianas ya han manifestado su apuesta por ubicar en este barrio -cercano a los campus de la Universitat de València y de la Universidad Politécnica- residencias para estudiantes. Proyectos todos con la vista puesta en reactivar el barrio.

Cada administración ha hecho lo que ha creído oportuno. El Gobierno ideó el plan de rehabilitación y luego ha reforzado la seguridad en el barrio para evitar que las bolsas de marginalidad se extendieran. También se barajó la posibilidad de reconvertir algunos de los edificios históricos en espacios culturales, pero el enconamiento entre administraciones y la crisis lo han detenido todo.

La oposición municipal exige al gobierno local que actúe. El portavoz socialista Joan Calabuig ha repetido que sin diálogo y consenso el problema en el barrio tiene difícil arreglo. Y pone de ejemplo lo sucedido en la Marina Real. Un asunto atascado durante meses que se pudo desbloquear. El concejal de EU en Valencia, Amadeu Sanchis, añade que la prolongación de Blasco Ibáñez "no es factible" porque habría que duplicar la edificabilidad para hacerla rentable y mejorar las indemnizaciones a los vecinos. "Desde EU, volvemos a llamar al diálogo al equipo de gobierno, partidos políticos, vecinos y comerciantes, para, entre todos, consensuar medidas urgentes para el barrio", agrega el edil.

Joan Ribó, de Compromís, pidió poco antes a la alcaldesa sentido común y manifestó su preocupación por el creciente deterioro de la zona y, en especial, de las viviendas afectadas por la prolongación, muchas de propiedad municipal.

El análisis de la Asociación de Vecinos de El Cabanyal es crudo: "El problema de la actitud municipal es que todas sus acciones han ido dirigidas a conseguir la demolición de las 1660 viviendas que estorban para que la avenida se abra paso. Lo ha dicho la alcaldesa: 'Se hará, diga lo que diga, quien lo diga'. No tienen un plan B", aseguran.