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El Gobierno ha recurrido desde 2005 unos 80 planes urbanísticos

Gran parte se ha impugnado por la falta de informes hídricos de la CHJ

Cristina Vázquez

El Gobierno ha impugnado en los últimos tres años la aprobación de unos 80 planes urbanísticos por parte de la Generalitat y de algunos ayuntamientos porque no respetan sus competencias, según datos de la Delegación del Gobierno. Más de 60 recursos -de los que seis han supuesto la suspensión cautelar de los planeamientos- están a la espera de sentencia y otros siete se han resuelto de forma extraprocesal, es decir, se han corregido los defectos antes de que acabe el proceso.

Los recursos afectan a planes como el de la Vega de Cullera o Porxinos
La ley del Suelo eleva el nivel de exigencia para futuros proyectos

Dos de los recursos se han fallado en contra de la reclamación del Gobierno y uno, a favor. Y es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acaba de invalidar el plácet dado por la Generalitat al plan del Pinaret, en Ador, porque carecía del informe de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

"Esperamos muchos más", advierten desde la Delegación del Gobierno, que desde 2005 hasta el pasado mayo ha impugnado 82 aprobaciones, ya sea por parte de las comisiones territoriales de urbanismo o de ayuntamientos, al considerar que no respetan las competencias estatales. Un gran número de estos planes o no tiene informe de aguas de las confederaciones o éste era negativo. Otros planes se han impugnado por problemas de movilidad (falta de capacidad de las carreteras) o porque invadían el dominio público de los cauces de los ríos.

La nueva Ley del Suelo eleva el nivel de exigencia para la aprobación de futuros proyectos. Si la Ley del Agua -a la que se refieren la mayoría de recursos del Estado- sólo considera preceptivo, no vinculante, el informe de la confederación, la nueva norma ve sus dictámenes "determinantes". "El agua es una cuestión crucial en la fase de planeamiento y los tribunales lo han dejado claro", defiende el subdelegado del Gobierno de Valencia, Luis Felipe Martínez.

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El balance de impugnaciones es aleccionador. Desde finales de 2005, el Gobierno central ha recurrido macroproyectos urbanísticos como la Vega de Cullera (12.000 viviendas) -más conocido como el Manhattan-, el de Brosquil en esta misma localidad de La Ribera, el de Nou Mil·leni de Catarroja, el de Gran Manises (10.000 viviendas), el de las lagunas de Rabassa o Porxinos (2.700 casas). Todos estos recursos, presentados por cuestiones hídricas, están admitidos a trámite y a la espera de resolución judicial.

El Ejecutivo central ha cosechado varios fracasos a la hora de suspender cautelarmente algunos de ellos. Es el caso de la Vega-puerto de Cullera, Porxinos en Riba-roja o el Pinaret de Ador. Sí ha conseguido detener provisionalmente, según datos de la Delegación del Gobierno, el concierto previo de Llaurí, un plan en Loriguilla, el plan general de Enguera, el plan de San Diego en Alfara del Patriarca o el plan parcial de Segaria, en Benimeli. El caso más sonado fue la paralización de la revisión del plan general de Benimuslem, un pequeño pueblo de La Ribera Alta de 600 habitantes, donde se prevé la construcción de 1.500 nuevas casas. La sala no vio probada la existencia de agua suficiente.

Un tercer bloque de recursos se ha saldado con lo que técnicamente se conoce como satisfacción extraprocesal, es decir, tras la impugnación, los consistorios han corregido los problemas. En esta situación están el plan parcial de mejora en Gilet, el Parque Empresarial Circuito de Cheste -un proyecto de 900.000 metros cuadrados donde los promotores no acreditaron la existencia de agua para albergar un centro logístico y una ciudad circuito con hoteles y servicios-. El TSJ desestimó la suspensión provisional pedida por los abogados del Estado porque los promotores probaron la existencia de agua. Completan la lista otro plan de mejora en Oliva, el plan general de Alfara de Algimia, un proyecto en Aldaia o el plan general de Algar del Palancia. En esta última localidad, la Delegación del Gobierno envió un escrito al juzgado dando luz verde al PGOU. El Consistorio garantizó a la CHJ el abastecimiento de agua a los 1.600 nuevos residentes.

Otras organizaciones ajenas al Estado han impugnado, con desigual suerte, otros planes urbanísticos. Es el caso de Ecologistas en Acción, movimientos vecinales y partidos políticos.

Y vino Ador

Desde la Generalitat, las cosas no se ven del mismo modo. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente explica que casos como el de Ador -que la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia aprobó sin la existencia del informe de aguas que debe elaborar la Confederación Hidrográfica del Júcar- pueden considerarse un error o un caso aislado. Insisten en que tras la cruzada del Gobierno central contra las resoluciones de la Generalitat, no hay más que una bronca política, por lo que apuestan por colaborar con las confederaciones hidrográficas para acreditar la existencia de agua de algunos planes urbanísticos.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana considera, sin embargo, la sentencia de Ador -que la Generalitat acata y no recurrirá ante el Tribunal Supremo como le permite el TSJ- de "histórica", al ser la primera que se pronuncia sobre uno de los asuntos de fondo de la polémica urbanística de los últimos años. Y es que, se tenga en cuenta o no, la Generalitat no puede aprobar un plan urbanístico sin el preceptivo dictamen de los organismos reguladores de cuenca. El fallo de Ador se añade a la paralización cautelar conseguida en su día por afectados por varios programas urbanísticos en la localidad alicantina de Parcent. La CHJ emitió a principios de año un informe desfavorable a los tres PAI impulsados en Parcent por no tener garantizada la disponibilidad de agua.

Situación de los recursos del Gobierno

- Más de 60 recursos han sido admitidos a trámite desde principios de 2005 hasta el pasado mes de mayo. Entre los más grandes están la Vega de Cullera, Nou Mil·leni de Catarroja, Gran Manises o Porxinos, en Riba-roja.

- Dos recursos -el plan Molí Nou de Benaguasil y el PAI de Urbacón Levante, en Villalonga- se han fallado de forma desfavorable.

- El TSJ ha dictaminado las suspensiones provisionales de 6 planes urbanísticos en: Llaurí, Benimuslem, Loriguilla, Enguera, Alfara del Patriarca y Benimeli.

- La sentencia sobre el Pinaret, en Ador, es la primera que se pronuncia sobre el asunto de fondo: si son precisos o no los informes de las confederaciones.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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