El Gobierno intervendrá si la Católica homologa a sus alumnos de Medicina

La huida hacia adelante de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia entró ayer en un terreno pantanoso. El centro privado procedió a examinar a 300 candidatos a ingresar en su facultad de Medicina a pesar de que carece de la autorización oficial, y de que el último clavo al que se aferra para obtenerla este curso, el recurso de alzada ante la ministra de Ciencia e Innovación, en el que sólo se examinan los aspectos formales del proceso, no tiene posibilidades de prosperar.

Un alto cargo del Ministerio de Ciencia e Innovación aseguró a EL PAÍS que "el Gobierno de España intervendrá para evitar un fraude académico en el caso de que la Generalitat haga dejación de sus responsabilidades de supervisión y control del sistema universitario valenciano en relación con un título que tiene validez para todo el territorio nacional y en un sector tan sensible como es el de la salud pública". Y el Gobierno tiene sus razones para intervenir. Si una universidad privada no cumple con los requisitos mínimos de calidad exigidos para impartir una licenciatura y, pese a ello, acaba concediendo títulos oficiales, todo el sistema se resiente. Especialmente sensible es el caso de Medicina, una carrera con una altísima demanda (la nota de acceso en las públicas ronda el nueve) que aspiran a tener muchos centros privados. Si a la Católica se le permite hacerlo se corre el riesgo de que el ejemplo cunda y de que el todavía más restringido sistema de cupos de alumnos de Medicina salte por los aires.