_
_
_
_
_

El Gobierno lleva al Constitucional la ley matrimonial de régimen foral

Camps cree que las ayudas al alquiler joven de Zapatero invaden competencias

El Gobierno central acordó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley valenciana de Régimen Económico Matrimonial. El recurso del Gobierno supone un serio tropiezo para la primera ley autonómica con la que el Consell, que preside Francisco Camps, intenta recuperar el derecho foral valenciano.

El Ejecutivo central discute cómo se regula la separación de bienes
Rambla sostiene que el Consell debe gestionar toda la ayuda a la vivienda

Esta ley de Régimen Económico Matrimonial, que fue aprobada en las Cortes Valencianas con el apoyo del PP y Esquerra Unida y la oposición del PSPV, recupera la costumbre foral que fijaba la separación de bienes en los matrimonios, en vez del régimen de gananciales que preside el derecho castellano en vigor. La ley elaborada por el Consell, y contestada desde sus primeros compases, tiene tal complejidad de instauración que incluyó una disposición adicional retrasando su entrada en vigor hasta abril de 2008. Aunque una vez sea de aplicación, todos los nuevos matrimonios formalizados en la Comunidad Valenciana -a no ser que se pida expresamente el régimen de gananciales de la legislación estatal- se regularán por esta nueva carta de derechos y obligaciones.

El recurso del Gobierno al Constitucional cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. En la argumentación del recurso, el Ejecutivo recuerda que el artículo 149 de la Constitución establece que, en el ejercicio de la competencia autonómica, se requiere que el derecho que vaya a ser objeto de conservación, desarrollo y modificación tenga una necesaria vigencia, sin que pueda ampliarse ilimitadamente a cualquier materia objeto de regulación pasada.

El Consell argumenta que el nuevo Estatuto de autonomía reconoce la competencia de las instituciones valencianas para recuperar los fueros abolidos en 1707. El derecho foral, a diferencia del vasco o el catalán, no está recogido en la Constitución y el nuevo Estatuto de autonomía valenciano es la primera ley de rango orgánico donde se recoge la posibilidad legal de recuperar normas forales, aunque siempre al amparo de la Constitución española.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

El Gobierno discrepa, fundamentalmente, de los artículos referidos al régimen legal de la separación de bienes, la carta de nupcias y las capitulaciones matrimoniales. También se cuestiona la introducción de figuras como la germanía -una figura jurídica que permite a los cónyuges aplicar el régimen de gananciales a determinados bienes- y determinadas reglas relacionadas con la compensación del trabajo doméstico.

Por su parte, el Consell replicó ayer iniciando el trámite para llevar ante el Constitucional el decreto que regula la renta básica de emancipación de los jóvenes -las ayudas para alquilar una vivienda- que concede el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, explicó que el Ejecutivo valenciano ha interpuesto requerimiento de incompetencia al Gobierno por la renta de emancipación. Este es el primer trámite para acudir con posterioridad al Constitucional.

Según Rambla, estas ayudas del Gobierno a los jóvenes para que accedan a una vivienda son una "injerencia constitucional" en las competencias de la Generalitat en materia de vivienda.

"Lo que está haciendo el Gobierno de facto", prosiguió Rambla, "es sustraer competencias autonómicas de titularidad exclusiva". El vicepresidente primero argumentó que lo razonable sería que el Estado transfiriera estos fondos destinados a subvenciones a las autonomías para que las mismas puedan disponer de las ayudas lo antes posible para adaptarlas a las peculiaridades de sus respectivos territorios.

Rambla aseguró, no obstante, que el inicio del trámite para solicitar la inconstitucionalidad no supondrá la paralización de las ayudas que destina el Gobierno a los ciudadanos en la Comunidad Valenciana.

El alto tribunal no avala el trasvase del Ebro

El Tribunal Constitucional no avala el trasvase del Ebro que reclama el Consell y el PP. La sentencia emitida por el alto tribunal el pasado jueves rechaza el recurso del Gobierno de Aragón al artículo 17 del Estatut que recoge el derecho de los valencianos al agua procedente de cuencas excedentarias, pero indica que su validez no supone imposición alguna al Estado. Idénticos argumentos utiliza la sentencia del TC que rechaza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el mismo artículo por el gobierno de Castilla-La Mancha.

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, introdujo ayer matices en el discurso popular. Si inicialmente el fallo del Constitucional fue acogido con alborozo por el Consell y por el PP al considerar que avalaba la reivindicación del trasvase del Ebro, ayer Rambla habló de la necesidad de que el Gobierno "se implique" y desarrolle las leyes estatales necesarias para hacer posible el trasvase.

Por su parte, la portavoz socialista en temas de agua en el Congreso de los Diputados, Juana Serna, acusó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de precipitarse en la interpretación del fallo del Tribunal Constitucional.

"A día de hoy el trasvase del Ebro no se va a hacer porque es una antigualla y, además, el programa AGUA del Gobierno socialista trae más agua".

Serna argumentó que el trasvase del Ebro, que no hubiese llevado agua a Alicante hasta el año 2016 y más cara, sólo ha servido para generar una nueva guerra del agua en España y en el seno del propio PP. La diputada socialista contrastó esta situación con el programa AGUA, que tiene un carácter "pacífico".

La parlamentaria exigió a Camps y al líder del PP, Mariano Rajoy, que sean leales con las instituciones.

La diputada de Izquierda Unida por Valencia, Isaura Navarro, manifestó ayer, tras conocer el contenido de la sentencia del Constitucional, que el artículo del Estatut que regula el derecho de los valencianos al agua sobrante es "un panfleto sin derechos exigibles"

Navarro recalcó que el alto tribunal considera el artículo 17 del Estatut constitucional pero no obliga al Estado a realizar trasvases, por lo que la transferencia de caudales sobrantes continuará regulada por la legislación estatal.

"Es un principio programático para influir en los poderes públicos", dijo Navarro, que comparó el artículo 17 del Estatut con el artículo de la Constitución que reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna. Es decir, un derecho no exigible.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_