El Gobierno ve tres ilegalidades en Ciudadanía

El Gobierno ha identificado tres puntos débiles en el desarrollo de Educación para la Ciudadanía anunciado por la Generalitat. Ha recabado antecedentes, ha afilado los argumentos jurídicos y sólo aguarda la publicación de la orden del Consell para iniciar una batalla legal que da por ganada. El diputado socialista Adolf Sanmartín adelantó ayer en las Cortes los ejes del recurso que presentará el Ministerio de Educación en un pleno áspero en el que pidió al consejero Alejandro Font de Mora que dimita por "utilizar a los alumnos en un enfrentamiento partidista".

Font de Mora empezó en inglés su intervención en las Cortes

El consejero protagonizó una anécdota insólita al empezar su intervención en inglés. José Cholbi, presidente en funciones de las Cortes, le interrumpió para recordarle que las lenguas oficiales de la Cámara son el valenciano y el castellano, y le instó a traducir lo que había dicho.

Aunque el Ejecutivo considera inadecuado que la asignatura se dé en inglés (la primera piedra en el camino lanzada por el Gobierno de Francisco Camps), dejará esa cuestión fuera del recurso. Se centrará en la opción B ideada por Font de Mora (reducir la materia a tres trabajos de libre elección por curso), al entender que la fórmula deja sin impartir la mayor parte de los contenidos, lo que supondría incumplir las materias mínimas comunes para toda España que establecen normas básicas.

Tanto la Ley Orgánica de Educación (LOE) como los reales decretos de desarrollo permiten a las comunidades autónomas elegir el modelo de evaluación (en vez de exámenes podrían elaborarse trabajos), pero no recortar sustancialmente los contenidos de la asignatura.

El Ejecutivo atacará también, si finalmente queda recogida en la orden de consejería, la "atención educativa" para quienes se decidan por la objeción de conciencia ante cualquier versión de la asignatura. La Generalitat ha comparado esa atención con la que se presta a quienes no estudian Religión, pero en este caso se trata de una posibilidad contemplada por la LOE.

El Gobierno considera que extenderla a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, o crear un registro de objetores de conciencia como el que el Consell ha declarado que creará, supondría reconocer un comportamiento (el de los padres) que carece de base legal. Los informes del ministerio recogen cinco sentencias en las que el Tribunal Constitucional ha tumbado los intentos de apelar a la objeción de conciencia en casos no sostenidos por alguna norma, como la que se preveía legalmente en su día para evitar el servicio militar.

El Gobierno no solo está convencido de que ganará el recurso, sino de que la Generalitat también lo sabe. Y cree que esa es la razón por la que Font de Mora ha elegido la vía de la orden para desarrollar la asignatura, en vez de la del decreto. Una norma que exigiría que el Consejo Jurídico Consultivo se pronunciara, dando el primer varapalo a la alternativa del Consell.