Greenpeace denuncia los 'parques naturales de papel' del Consell

Una cosa es la teoría y otra la realidad. O, aplicado a los parques naturales, una cosa son las normas de protección y otra el ladrillo, el hormigón y el cemento, que amenazan la conservación de los entornos más valiosos del territorio valenciano.

La Comunidad Valenciana es, para Greenpeace, el lugar de España donde "adquiere pleno significado" esta actitud, que la organización ecologista califica de "parques de papel". "Las figuras de protección utilizadas no son más que declaraciones formales por parte de la Generalitat", apunta esta entidad en su informe Destrucción a toda costa.

No es que no existan medidas de protección, es que no son efectivas. La Administración valenciana "ha firmado una serie de documentos con unos mapas con sus polígonos de protección del área" y los argumentos que justifican estas elecciones. Además, el Consell presume de haber declarado numerosos parques naturales. De esta forma, de las 2.330.500 hectáreas de superficie, un 9,4% cuenta con algún tipo de salvaguarda medioambiental. La defensa formal del litoral es aún superior. De los 538,4 kilómetros de franja costera, hay 111 que se encuentran bajo alguna figura de preservación del entorno, ya sea autonómica o medioambiental, lo que representa "un aceptable 20,8%".

Pero Greenpeace pide algo más: un compromiso real con el medioambiente. Declarar un parque natural debe llevar aparejado asumir la protección de ese entorno a través de instrumentos eficaces. Y, para la entidad ecologista, esto no sucede, por lo que sobre los parques "pesan numerosas afecciones que amenazan la conservación de estos espacios".Greenpeace no sólo destaca a la Comunidad Valenciana entre las autonomías que sólo protegen formalmente sus espacios naturales. El territorio valenciano también encabeza la lista en el número de casos de corrupción urbanística registrados a lo largo de este año, con un total de 196 y 32 imputados. Por detrás está Andalucía (114 casos y 332 imputados) y Baleares (79 y 25). En toda España, de las 625 personas imputadas, 289 son cargos públicos, desde alcaldes hasta arquitectos municipales.

El informe Destrucción a toda costa, tampoco deja muy bien parada a la Comunidad Valenciana en lo que respecta a la protección de los humedales. La Generalitat tiene catalogadas 48 zonas húmedas que abarcan 45.000 hectáreas y que se encuentran en la zona litoral en el 90% de los casos. A pesar de que "forman un sistema denso y el mejor distribuido de toda Europa", también son "los más amenazados por el urbanismo y la contaminación". Greenpeace destaca el caso de Alicante, donde "se concentran grandes urbes junto a parajes acuáticos protegidos, lo que provoca problemas ambientales como la eutrofización [aporte excesivo de nutrientes al medio acuático que provoca el descenso del nivel de aves]".

El repaso a la salud costera del litoral valenciano por parte de la organización ecologista se detiene en otra cuestión que la ciudad de Valencia conoce bien y que el informe relaciona con un remedio contra la crisis desarrollista y con tintes provincianos. Se trata de la potenciación de los puertos industriales.

"Es sorprendente cómo todos los puertos industriales que plantean una ampliación esgrimen los mismos argumentos de convertirse en el mayor puerto de mercancías de España", apunta el documento, que vincula el tráfico marítimo con "una fuente muy importante de contaminación ambiental". Otra cuestión es la relativa a los puertos deportivos. A pesar de que la Comunidad Valenciana es, después de Murcia, la autonomía donde más ha caído el número de matriculaciones de barcos de recreo (un 26,8%) respecto a 2007, "el Consell impulsa macropuertos convencido de que el sector no se verá afectado por la crisis y de que la construcción de zonas comerciales en las nuevas dársenas creará importantes beneficios económicos". Greenpeace alude a los casos de Dénia y Xàbia, cuya ampliación "ya se tramita", y los de Altea y El Campello, donde se estudia "la creación de nuevas instalaciones".

En Dénia, "hay un proyecto de ampliación para construir 1.000 nuevos atraques y una nueva bocana" y en Altea "se mantiene viva la posibilidad de destinar más de seis millones de euros a 1.214 amarres". Y todo ello, "sin aprobar aún la Ley de Puertos que debe establecer las necesidades reales de nuevos pantalanes".

El colofón del trabajo es el cuestionamiento europeo al modelo urbanístico valenciano. Greenpeace recuerda las denuncias presentadas por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento de la ley urbanística valenciana de dos directivas (sobre adjudicación de contratos públicos de obras, y obras y servicios). No sólo por la antigua Ley de Regulación de la Actividad Urbanística, sino también por su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana, "que permite todo tipo de arbitrariedades, impide la competencia y abre la puerta a la corrupción al otorgar a ayuntamiento y al urbanizador poderes exagerados que no están sometidos a ningún tipo de control".