Gürtel contra los 'pretorianos'
El PP intenta implicar en la trama de corrupción catalana al PSPV - La reacción socialista deja en evidencia la actitud de los populares
"¿Por qué cuando un gobierno del PP hace una adjudicación a una empresa investigada, o denunciada, es corrupción y cuando lo hace el PSOE no lo es?". Éste es uno de los lamentos que, desde hace meses, expresan en voz alta varios dirigentes del PP.
La respuesta está en los autos judiciales y en los informes policiales del caso Gürtel. Documentos que ofrecen numerosos indicios acerca de la supuesta financiación irregular del PP y de la estrecha relación que existía entre Álvaro Pérez El Bigotes y la cúpula popular, incluido el propio Francisco Camps.
Sin embargo, guiado por esa supuesta injusticia, el PP ha decidido importar esta semana el caso Pretoria -en el que están implicados cargos socialistas y de CiU relacionados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet- a la Comunidad Valenciana.
El martes, la dirección popular denunció que el Ayuntamiento de Gandia, gobernado por el socialista José Manuel Orengo, había adjudicado una piscina y una residencia estudiantil a constructoras vinculadas con la trama de corrupción pretoriana. El asunto se empezó a convertir en humo cuando el PP reconoció que había votado en pleno a favor de las adjudicaciones. Aún así, los populares pidieron una comisión de investigación municipal y el alcalde socialista ha decidido aceptarla. El ejemplo ha puesto de relieve la distinta forma en que socialistas y populares han abordado el fenómeno de la corrupción.
Camps, desde que asumió la presidencia de la Generalitat en 2003, no ha articulado ninguna medida adicional contra la corrupción.
Es más, el jefe del Consell no ha tenido ningún reparo en arropar públicamente al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por delito fiscal y contra las Administraciones públicas. Un apoyo que también ha hecho extensivo a otros cargos públicos del PP imputados, sobre todo alcaldes.
Tras el estallido del caso Gürtel el pasado febrero, el PP ha rechazado todas las iniciativas de la oposición -pese a que ha recibido un varapalo del Constitucional por entorpecer la labor parlamentaria- para mejorar la transparencia y facilitar toda la documentación relacionada con las adjudicaciones a las empresas de la trama corrupta. La única víctima política del caso Gürtel ha sido el ex secretario general del PP Ricardo Costa, suspendido temporalmente de militancia, y apartado del cargo de portavoz parlamentario. Curiosamente, Costa es el único cargo popular que pidió excusas públicamente por su comportamiento y que en las primeras semanas del escándalo anunció un nuevo decálogo ético de contratación en la dirección regional del PP. El resto de cargos salpicados por el caso siguen en sus puestos.
El PP tan sólo ha aceptado crear una comisión de investigación en las Cortes acerca de la financiación de todos los partidos con representación parlamentaria. Una "tomadura de pelo" que ha sido ignorada por la oposición.
Por contra, en Cataluña los efectos del caso Pretoria han sido bien distintos. A la semana, el presidente catalán, José Montilla, había pedido disculpas públicamente por lo sucedido con los implicados ya suspendidos de militancia. A los 15 días, el Gobierno catalán anunciaba la puesta en marcha de un plan anticorrupción para devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Un plan que incluye nuevas medidas de control y de transparencia.
Globos sin aire y desvaríos económicos
La decisión de contrarrestar el caso Gürtel con supuestos casos de corrupción que involucren a los socialistas no es nueva. La medida ya había sido puesta en marcha hace meses por los populares. Sin embargo, la remozada dirección regional del PP ha decidido esta semana ratificar la estrategia de embarrar todo el terreno de juego en vez de limpiar los trapos sucios.
"Iremos contra ellos [los socialistas] con las mismas armas y con más", afirmó Alfonso Rus, presidente provincial del PP de Valencia. "Tenemos información de que hay muchos más casos de corrupción en importantes ayuntamientos gobernados por el PSPV", ratificó el nuevo secretario general del PP, Antonio Clemente.
Sin embargo, los globos lanzados hasta ahora por el PP han acabado todos pinchados. A continuación, se detallan algunas de las últimas denuncias de los populares.
- La grúa de Alarte. Los populares denunciaron al Ayuntamiento de Alfafar por dar trato de favor a la empresa concesionaria del servicio de grúa, propiedad de la familia del secretario general del PSPV, Jorge Alarte. La denuncia se presentó el pasado mes de abril, al declararse el Tribunal Superior de Justicia competente para investigar los regalos a Camps y otros tres cargos de la Generalitat. Se archivó en septiembre.
- La abogada de Alaquàs. El PP cuestionó la contratación por parte del Ayuntamiento de Alaquàs, que presidía Alarte, de una abogada que desde el año 2000 presta defensa gratuita a las víctimas del maltrato. La Fiscalía rechazó todas las consideraciones hechas por el PP en julio.
- Los contratos de Quart. A la alcaldesa de este municipio y secretaria provincial del PSPV, Carmen Martínez, le cuestionan la adjudicación de varios contratos a personas vinculadas al partido. De muestra, un botón: el gasto de 2.400 euros en bocadillos para los integrantes de las mesas electorales de los comicios de 2007. El bar que hizo los bocadillos era de una persona que, al parecer, había sido militante socialista.
- El apocalipsis empresarial. El último anuncio es el de una querella por falsedad contra la denuncia del PSPV por supuesta financiación irregular del PP. La denuncia socialista incluye a 5 empresas que supuestamente realizaron pagos. Para el PP, si la querella del PSPV prospera, los socialistas serán responsables del despido de 32.000 empleados y la pérdida de 2.200 millones.
Los efectos del 'caso Pretoria' en Cataluña
- Disculpas públicas. José Montilla, presidente de la Generalitat catalana, pidió disculpas públicamente a los ciudadanos y a los votantes del PSC tan sólo una semana después de estallar el escándalo.
- Suspendidos de militancia. El PSC mantiene suspendidos de militancia a los socialistas implicados en la trama.
- Cambios legislativos. El Gobierno catalán se compromete a cambiar la legislación de la Sindicatura de Comptes y del Protectorado de Fundaciones. El objetivo es reforzar la fiscalización externa y evitar que las fundaciones que reciben subvenciones puedan desviar dinero a terceros.
- Más publicidad y transparencia. Se elaborará un registro público de convenios urbanísticos, se dará más visibilidad a los cambios de nombre de los terrenos y se cambiará la ley para que el beneficio de las recalificaciones recaiga también sobre los municipios y no sólo en los promotores.
- Ricardo Costa: El ex secretario general del PP es el único suspendido de militancia por el escándalo. Paradójicamente es el único cargo popular que ha pedido disculpas por los errores cometidos.
- Comisión de investigación: El PP ha propuesto una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. La negativa de la oposición a participar en una comisión desvirtuada se ha traducido en el bloqueo a la elección de Leire Pajín como senadora territorial.
