Hablemos de números

Es cierto que todas las autonomías han reclamado al Estado más dinero para atender a sus dependientes. Pero no parece serio que la Generalitat esconda sus vergüenzas por la pobre aplicación de la Ley de Dependencia bajo (una vez más) el argumento de la falta de financiación del Gobierno socialista. Y aún menos que saque pecho por estar en el quinto puesto en número de dependientes atendidos (45.657), como hizo ayer la consejera de Bienestar Social, Angélica Such.

Esa quinta posición no es ninguna hazaña. Lo previsible es que las autonomías más pobladas asistan a un mayor número de personas. Por eso, en los primeros lugares del ranking al que ayer echó mano Such están Andalucía, Cataluña y Madrid. Y por eso, el lugar natural de la Comunidad Valenciana debería ser el cuarto puesto. Sin embargo, por delante está Castilla y León. Con la mitad de habitantes (2.559.515), esta autonomía, en la que también gobierna el PP, ya ha concedido prestaciones a 52.924 personas, 7.267 más que la Generalitat.

"Hablemos de números claros y reales", comentó ayer en distintos momentos de su intervención la consejera.

Pues bien, si hay una clasificación que ilustra el grado de aplicación de la ley es la que atiende a los valores relativos, no a los absolutos. El mismo documento al que aludió Angélica Such, el que mensualmente elabora el Gobierno a partir de los datos que le remiten las autonomías, ofrece esta información. Existe una clasificación que ordena a las autonomías en función a los dependientes que ya gozan de ayudas en función de los habitantes. La Comunidad Valenciana (con un índice del 0,89%) ocupa el penúltimo lugar, solo por delante de Canarias (0,49%). La media de toda España es del 1,56%, y Castilla y León tiene una cobertura del 2,07%.

El argumento del castigo financiero-ideológico del Gobierno socialista a una Generalitat dirigida por el PP no se antoja muy fiable. ¿Por qué autonomías populares como La Rioja o la propia Castilla y León superan con creces las tasas valencianas? Probablemente, algo tenga que ver en la respuesta que mientras el año pasado La Rioja gastó en dependencia 120 euros por habitante y Castilla y León 80, la Generalitat destinó 41 euros, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.