Investigada por prevaricación urbanística la alcaldesa de Ontinyent

La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal a Lina Insa, alcaldesa de Ontinyent por el Partido Popular. Lo ha hecho por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. La apertura de las diligencias, de oficio, responde a que la Fiscalía de Valencia ha tenido conocimiento de que Lina Insa podría haber ordenado que se dejen prescribir los expedientes sancionadores abiertos en el consistorio por construcciones ilegales en terreno urbanizable común. Esa dejación supone que seis meses después de incoarse el expediente, queda automáticamente archivado. Y, aunque es cierto que puede reabrirse, lo es también que el tiempo corre en contra de la persecución del delito porque sólo se puede instar al derribo de una vivienda construida en terreno no urbanizable común durante cuatro años.

Los más de 60 expedientes sancionadores que tiene abiertos la corporación municipal de Ontinyent proceden de actuaciones realizadas por la coalición de izquierdas, encabezada por el PSPV, que gobernaba la localidad hasta las pasadas elecciones. Las informaciones de las que dispone la Fiscalía apuntan a que ya en campaña electoral Insa se comprometió a anular tales expedientes. La pasada semana, en el pleno del Ayuntamiento, con los votos en contra de la oposición, el equipo de gobierno aprobó que se eliminen del registro las anotaciones sobre las construcciones que estaban en proceso de ser sancionadas. Ello supondría, según el ministerio público una prevaricación.

Los expedientes sancionadores que abrió el anterior equipo de gobierno afectan a más de 60 construcciones ilegales. Son viviendas unifamiliares. En este momento, según los primeros datos de que dispone la Fiscalía, ninguna de ellas tiene cuatro años de antigüedad, por tanto, sobre cualquiera de ellas podría aún ordenarse el derribo. No hacerlo es también un delito contra la ordenación del territorio.

Los técnicos del Ayuntamiento informaron desfavorablemente a la alcaldesa sobre su intención de dejar morir los expedientes sancionadores. Según su criterio, corresponde ejecutar los que aún están dentro del plazo de seis meses y reabrir aquellos que ya han prescrito. La Fiscalía pedirá información detallada al Ayuntamiento e investigará a los propietarios y promotores de las viviendas.