Juan Roig pide subir los impuestos a las rentas altas y Fabra lo rechaza

El propietario de Mercadona y uno de los principales empresarios españoles, Juan Roig, ha decidido seguir el camino de Warren Buffet en Estados Unidos y de Liliane Bettencourt (L'Oreal) en Francia. Roig ha reclamado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que cambie el tramo autonómico del IRPF para que las rentas altas contribuyan en mayor medida a paliar la grave crisis económica. Así se lo expresó el pasado miércoles por la noche en una reunión que mantuvieron el jefe del Consell y su equipo económico con los principales representantes de las organizaciones empresariales valencianas.

La propuesta de Juan Roig fue descartada de plano por el presidente de la Generalitat, que ayer aseguró que "lo importante no es subir los impuestos, sino generar oportunidades". Alberto Fabra admitió: "Algunos [empresarios] me pidieron que subiera los impuestos, pero entendemos que el dinero lo deben tener los ciudadanos y las empresas".

Cierval pide que los ajustes no perjudiquen la cohesión social

Hacienda asegura que cumplirá con el plan de ajuste de 680 millones

Fabra argumentó que una subida de impuestos iría contra "uno de los principios" en los que se basa su Gobierno y que, en todo caso, al final representaría "muy poco dinero".

La medida que rechaza el presidente de la Generalitat ya ha sido aplicada en Cataluña, Asturias, Cantabria, Andalucía y Extremadura por los socialistas. Como ejemplo, el Gobierno catalán decidió para 2011 incrementar en tres puntos el tramo autonómico del IRPF (el 15% del total) para quienes obtengan una renta de más de 120.000 euros anuales y de cuatro puntos para aquellos que ganen más de 170.000 euros al año. Una medida que afecta al 0,5% de los contribuyentes catalanes y que se estima que supondrá unos ingresos adicionales de 75 millones de euros para la Generalitat de Cataluña.La renuncia a subir el IRPF autonómico a las rentas más altas no ha sido la única negativa del Consell a subir los impuestos a los ricos. De hecho, el Ejecutivo que preside Alberto Fabra se ha negado en el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2012 a eliminar la bonificación de los impuestos de patrimonio y sucesiones y a mantener el céntimo sanitario que grava los carburantes. Una medida que permitiría al Consell recaudar entre 230 y 240 millones de euros, según estimaciones de la propia Consejería de Hacienda. Una cantidad con la que se podría hacer frente a mes o mes y medio de factura farmacéutica.

El presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, reconoció ayer que subir el IRPF a las rentas más altas fue una de las medidas que se le plantearon al jefe del Consell, "entre muchas posibilidades". González insistió en que tanto el Gobierno central, como el valenciano, deben hacer "más recortes de los que se han hecho y más decididos", pero "de manera que ningún grupo social se sienta desfavorecido para no perjudicar la cohesión social que hace falta para llevar el país adelante".

En esta coyuntura, Alberto Fabra reconoció ayer que la Generalitat solo podrá cubrir en el tramo minorista el 75% de la emisión de bonos patrióticos, que se quedará finalmente en unos 1.800 millones de euros. El 25% de esta emisión tendrá que ser cubierta por entidades bancarias y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Estado. "Ese objetivo está garantizado, no puede ser de otra manera", sentenció Fabra.

En este contexto, el Ministerio de Economía comunicó ayer que adelantará en tres días el último pago a cuenta del ejercicio a la Generalitat. Es decir, los 480 millones de euros que se tendrían que transferir el próximo 23 de diciembre se enviarán el próximo día 20, lo que permitirá aliviar las graves tensiones de tesorería que tiene el Consell y garantizarán el pago de las nóminas del personal de la Administración valenciana. La transferencia se hará efectiva coincidiendo con la liquidación de la anterior emisión de bonos patrióticos.

Además de la Comunidad Valenciana, Andalucía (700 millones) y Cataluña (1.000 millones) también verán adelantada la transferencia.

Alberto Fabra reconoció ayer que su Consell sigue trabajando para conseguir "financiación para poder afrontar los pagos que la Generalitat tiene pendientes con los proveedores". "Estamos en una situación financiera muy complicada en la que, con 48 horas de antelación, nos dicen que no se renuevan pólizas y tenemos que tener prevista esa circunstancia para no generar luego tensiones de tesorería", recalcó el jefe del Consell.

Fabra se reunió ayer con el equipo de la Consejería de Hacienda para repasar las medidas de contención del gasto. Al término de la reunión, el titular de la cartera, José Manuel Vela, indicó que, a falta de la liquidación del año que se hará el próximo mes de febrero, está previsto cumplir con el plan de ajuste presentado en julio y que suponía una reducción del gasto presupuestario en 680 millones de euros.

Vela anunció que, a partir de enero, un grupo de secretarios y subsecretarios de las distintas consejerías realizará un seguimiento semanal del gasto con un "control exhaustivo". También adelantó que ultima un plan de ahorro energético y un ambicioso plan de formación para los funcionarios -que no supondrá aumento del gasto- en colaboración con las universidades públicas.

Sin embargo, el consejero de Hacienda insistió en que su prioridad es que el nuevo Gobierno establezca un sistema para que las autonomías pueda colocar la deuda que tienen autorizada. "Si no hubiese pasado lo de Italia, hubiésemos colocado toda la emisión de bonos patrióticos", señaló Vela, que se quejó de que el Estado ha colocado en las últimas semanas más deuda de la prevista, mientras las comunidades autónomas no encuentran mercado para colocar sus propios títulos autorizados por el ministerio.

El titular de la Consejería de Hacienda lamentó que, en esta situación, el colectivo farmacéutico se queje por haber dejado de cobrar al mes, cuando hay otros proveedores que sufren retrasos de hasta dos años.