Magro urge al Consell a construir la Ciudad de la Justicia de Alicante
El proyecto acumula más de 12 años de retraso y está pendiente de financiación
Un proyecto eterno más planea sobre Alicante y no acaba de materializarse. La parcela sobre la que está previsto, desde hace más de 12 años, que se construya la Ciudad de la Justicia, en el barrio de Benalúa, es una verdadera escombrera. Todos los consejeros de Justicia situaron este proyecto entre sus prioridades, pero nadie ha conseguido avanzar. La inversión prevista son 42 millones de euros, que el Consell pretende que asuma la iniciativa privada, pero no encuentra la fórmula para financiar la obra.
El nuevo consejero de Justicia, Jorge Cabré, insiste y no tira la toalla al asegurar que en esta legislatura este complejo, que aglutinará todos los servicios judiciales, será una realidad. Pero ante la actual coyuntura económica y la restricción presupuestaria del Consell, a nadie se le escapa que la Ciudad de la Justicia empieza a convertirse en una quimera.
El presidente de la Audiencia pide que las obras comiencen "cuanto antes"
Ante este panorama, el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, en declaraciones a la agencia Efe, urgió ayer a la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante, ya que es "la única" de las cuatro grandes poblaciones de la Comunidad Valenciana que aún no la tiene, a lo que se une que las actuales infraestructuras son "obsoletas". Magro dijo que "hay que empezar cuanto antes" las obras para equiparar las dotaciones judiciales de esta localidad con las de Valencia, Castellón y Elche.
Precisamente, un estudio reciente del Consejo General del Poder Judicial reclamaba la incorporación "inmediata" de 14 nuevos jueces en Alicante capital para amortiguar el elevado volumen de trabajo que acumulan. Además, Magro recordó ayer, entre los retos más urgentes, que hace falta crear en Alicante y Elche dos juzgados que atiendan los casos de salud mental de toda la provincia, y que consigan un tratamiento judicial-sanitario coordinado en estos casos.
Entre las iniciativas que consideró que ayudarían a agilizar la prestación de la Justicia, Magro defendió el uso de las cámaras web para dar la opción a los ciudadanos a declarar ante el juez por este sistema, lo que evitaría el desplazamiento in situ al juzgado.
Magro señaló que, con las webcam, se podrían "ahorrar muchas horas perdidas en puestos de trabajo, sobre todo en un momento en el que hace falta que todo el mundo rinda más" y, al mismo tiempo, se ayudaría a acabar con "las imágenes de los juzgados llenas de gente esperando". Junto a esta propuesta, el presidente de la Audiencia pidió impulsar los protocolos de conformidades y de mediación penal para agilizar los casos que pueden resolverse sin tener que señalar juicio, lo que obligaría a la creación de leyes específicas para tal fin.
En esta línea, también instó a potenciar el uso del arbitraje puesto que no todo el mundo debe acudir a resolver su caso ante los tribunales cuando ya existen instituciones extrajudiciales que pueden resolver los problemas mucho antes. Otra de las iniciativas que propuso Magro es la reforma de la planta judicial para "acabar con la idea de que los juzgados deben estar en la puerta de los ciudadanos, cuando estos lo que quieren es no tener el juzgado cerca sino que su caso se resuelva cuanto antes". De un modo más genérico, Magro apostó por una nueva ley de enjuiciamiento criminal que regule los procesos penales.
