Masivo respaldo a las víctimas del metro contra el archivo de la investigación

Miles de ciudadanos dieron ayer su respaldo a las víctimas del metro en la mayor manifestación desde que el accidente del 3 de julio causara 43 fallecidos. Entre 5.000 y 6.000 personas recorrieron a paso lento la distancia que separa el lugar de la tragedia, la estación de Jesús, y la plaza de la Virgen. A su término, pidieron dimisiones y lanzaron acusaciones muy duras contra Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, el Consell y la jueza que archivó la investigación penal. Descargar toda la responsabilidad en el conductor, dijeron, supone "insultar al sentido común".

Los afectados juzgan "un insulto al sentido común" culpar sólo al conductor del siniestro

Las víctimas y sus familiares se sintieron "reconfortados" con la respuesta de los ciudadanos. Lo dijeron varias veces desde la tarima. "Gracias por habernos dado vuestro aliento, porque después de estos nueve meses nos sentimos muy cansados". Antes de decir "cansados", Miguel Ángel Muñoz, portavoz de la asociación, se paró a elegir la palabra. Podría haber dicho solos. A la primera concentración que convocaron, otro día 3, en noviembre, apenas acudieron 200 personas. La realidad dobló ayer sus cálculos más optimistas, en una manifestación que fue creciendo a lo largo de su recorrido con la unión, espontánea o no, de cientos de personas.

"Quizá estemos demasiado acostumbrados a que los responsables de los servicios públicos hagan lo que les dé la gana con los recursos que se les han encargado gestionar", leyeron al final de la manifestación los familiares de dos de los fallecidos; "quizá estemos demasiado acostumbrados a que cuando se inauguran grandes eventos todos los responsables deseen estar en primera fila para salir bien en la foto, y a que cuando las cosas salen mal nadie quiera dar la cara".

Luego pusieron nombre a los responsables. El primero, el consejero de Transportes e Infraestructuras, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat valenciana (FGV), José Ramón García Antón. Lo acusaron "de que el metro no tuviera un sistema de frenado que hubiera evitado la muerte de 43 personas y que otras 47 resultaran heridas". La baliza de frenado, recordaron, vale 3.000 euros.

El segundo, el presidente de la Generalitat Francisco Camps, por no haber "considerado oportuno hacer una comparecencia pública ante los afectados para responder las preguntas". En tercer lugar, al vicepresidente Víctor Campos, por no haber contestado a esas mismas preguntas, en los encuentros que ha sostenido en los últimos meses con la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio, más que "con evasivas". En cuarto, al director técnico de FGV, Francisco García, y a la directora gerente, Marisa Gracia, "por no haber sido capaces de garantizar el que viajar en metro sea seguro"; "porque queremos seguir viajando en metro", añadió el presidente de la asociación, Enric Chulio, "sin que nos tiemblen las piernas de miedo al entrar".

La última acusación se dirigía a la jueza, por "legitimar" la actitud del Consell, basándose en "informes falsos, que niegan anteriores descarrilamientos de la unidad siniestrada, cuando todos hemos visto la fotografía de la UTA 3736 descarrilada el 30 de junio de 2003 cerca de Picassent". "Quizá al perito", continuó Chulio, "le resulte difícil redactar un informe sin el libro de averías, que sigue desaparecido".

Las víctimas volvieron a pedir las dimisiones de los cargos de gestión y de García Antón. "Lejos de asumir la responsabilidad del fracaso de su gestión", prosiguieron, "tienen el descaro de permitir y fomentar que se culpe totalmente a un único y simple empleado, mancillando así su memoria" e "insultando al sentido común de los ciudadanos".

La manifestación de ayer fue la primera que reunió a las víctimas y a sus familiares, a los sindicatos ferroviarios y a los de clase. Pudo verse a lo largo de la marcha a políticos como Joan Ignasi Pla, líder del PSPV, Carmen Alborch, candidata socialista a la alcaldía de Valencia, y a la coordinadora de Esquerra Unida, Glòria Marcos. Ninguno de ellos parecía tener ganas de hacer declaraciones. El protagonismo de la jornada era para las víctimas, algunas de las cuales recorrieron el trayecto en sillas de ruedas, para sus familiares, y para miles de ciudadanos, entre los que había muchos usuarios de las líneas de metro.

La convocatoria simultánea de los sindicatos se notó no sólo en el número de manifestantes, sino en su nivel organizativo. Con cientos de personas provocando un ruido por momento ensordecedor con los silbatos. El momento más emotivo de la marcha, sin embargo, se produjo en la calle de San Vicente, entre la plaza del Ayuntamiento y la de la Reina, cuando los organizadores pidieron silencio en memoria de las víctimas de aquella mañana de julio. Poco a poco, a medida que se apagaban los silbidos y los gritos, fue emergiendo el sonido de la calle, que chocaba contra el bloque de manifestantes encabezado por siete madres, hermanas, hijas y otros familiares "de primera sangre" de las víctimas.

La asociación ha procurado siempre mantenerse al margen de la lucha política. Ayer, sin embargo, mientras entraba en la plaza de la Virgen, Miguel Ángel Muñoz decía: "Hemos pedido dimisiones durante nueve meses, y ahora ya no tiene demasiado sentido hacerlo. La voz, ahora, la tiene el pueblo".