Multas de 125 millones a Sanidad por demoras en el pago a proveedores

La Consejería de Sanidad deberá abonar 124.977.456 euros a diferentes empresas de material quirúrgico, sanitario y farmacéutico por facturas pendientes de pago, correspondientes a suministros realizados a hospitales públicos, así como por los intereses de demora acumulados. Esta suma responde a 98 sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que anulan, por ser contrarias a derecho, las desestimaciones de la Generalitat ante las correspondientes reclamaciones interpuestas por las empresas.

La cantidad más significativa son los 15.573.865 euros que la consejería deberá abonar a la mercantil Bristol Myers-Squibb, por 1.141 facturas de suministros de medicamentos y especialidades farmacéuticas realizadas durante 2003. En abril de 2004, la empresa presentó una reclamación por el impago ante la Administración autonómica sin obtener respuesta expresa, pero ahora el TSJCV anula esta "desestimación tácita" de la consejería y reconoce el derecho de la compañía a cobrar la citada cantidad, más los intereses de demora. En otra resolución diferente, la Sala estima el derecho de esta misma empresa a cobrar otros 14.774.222 euros por el impago de 1.152 facturas de suministros de 2003 y 2004, además de los intereses legales y 11.941 euros por los costes de cobro. Entre las 98 sentencias, también destaca una que impone a la Generalitat el pago de 7.935.876 euros a la empresa Baxter, más los intereses de demora, por el impago de productos sanitarios, implantes y equipos, a lo que añade otros 9.923 euros en concepto de costes de cobro.

Pago en dos meses

Los fallos judiciales recuerdan que la Administración "tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de expedición" de las facturas, y en caso de demora, deberá pagar "el interés legal del dinero incrementando en 1,5 puntos la cantidad adeudada". Estas sentencias se suman a otras 31 resoluciones hechas públicas el pasado mes de abril, que reconocían el derecho de 29 empresas del sector a cobrar 24,6 millones de euros por motivos similares.

Esta misma semana, los responsables de sanidad del PSPV exigieron al Consell que haga aflorar los 1.000 millones de euros de facturas en el cajón como primer paso para solucionar los problemas financieros del sistema sanitario valenciano. El secretario de sanidad de la ejecutiva del partido, Miguel Mazón, y el portavoz del área en las Cortes, Ignacio Subías, explicaron que el primer paso que debe dar el Consell para resolver este problema consiste en reconocer la existencia de ese "pecado de origen", en referencia a las citadas facturas en el cajón. Mazón admitió que eso es un problema para el PP, porque admitir ese montante sería "reconocer que la contabilidad de la Generalitat no responde a la realidad", algo que obligaría a los socialistas a pedir responsabilidades políticas a quienes están "lastrando la sanidad".