Multimillonaria y polémica contrata

"Había mucho dinero por el medio", admitió en su declaración ante el Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, el empresario Ángel Fenoll cuando declaró en junio de 2006 tras aportar unas grabaciones de conversaciones con políticos donde hablaban de supuestos sobornos, financiación de campañas electorales y proyectos urbanísticos. La contrata de basura de Orihuela nació viciada, su discusión se judicializó y al final ha ido a parar a una UTE (Sufi, Liasur y Gobancast) que recibirán 190 millones en los próximos 20 años. Los socialistas sostienen que detrás de este conglomerado de firmas Ángel Fenoll tiene intereses.

El proceso arrancó en la anterior corporación municipal, presidida por el ex alcalde José Manuel Medina, del PP, que se vio obligado a aparcar el proceso de adjudicación, cuando Ángel Fenoll, en marzo de 2006, hace públicas las primeras grabaciones que desvelan supuestos sobornos por parte de la empresa ganadora. El empeño de Medina en adjudicar el contrato a Urbaser, empresa vinculada a ACS y Florentino Pérez, provocó la división del PP. Mónica Lorente, candidata a la alcaldía y portavoz del PP, se oponía a la tesis del regidor, y defendía un nuevo pliego de condiciones y que la Universitat de València revisara el proceso. "El concurso está bajo sospecha y vamos a buscar un organismo independiente", dijo entonces la portavoz del PP. La junta de portavoces municipales acordó encargar a la Universitat de València el análisis de las propuestas de las empresas del concurso.

Siete grupos pugnaron en 2008 por esta contrata de 190 millones

El PP se dividió por el empeño de Medina de adjudicar el contrato a Urbaser

En mayo de 2007 se celebran elecciones municipales, el PP revalida mayoría absoluta (14 concejales del PP, 7 del PSOE, 3 de Los Verdes y 1 de Centro Liberal Renovador). Y a los cuatro días la Policía Nacional detiene a Fenoll por un presunto delito de extorsión. Al final irá a la cárcel. Esos días la convulsión política en Orihuela es total. Y con Fenoll en la cárcel, el profesor Lorenzo Abellá, de la Universitat de València, presenta los resultados de su estudio de todas las propuestas. Y pese a usar dos criterios diferentes, en los dos casos la firma ganadora es Urbaser. Medina todavía es alcalde en funciones, y Mónica Lorente no ha tomado posesión del cargo. El concejal Antonio Lidón, del PP, pide que el resultado no se haga público hasta que tome posesión la nueva corporación, pero Medina y el resto de concejales de la oposición se oponen. El resultado es que el 13 de junio el todavía alcalde hace público, ante la prensa primero y luego ante el pleno, que la empresa ganadora del concurso es Urbaser.

Mientras el tema se enzarza y se eterniza, Ángel Fenoll, a través de Colsur, sigue prestando el servicio de limpieza de las calles de Orihuela, que inició en el año 1997.

Pero la alcaldesa, Mónica Lorente, recién llegada al cargo, topa con el boicot de la oposición que exigía un pleno extraordinario para adjudicar la contrata a Urbaser, tal y como apuntaron los informes de la Universitat de València. Y el PP propuso que quedara desierto. En noviembre de 2007 el pleno declaró desierto el concurso de la contrata de basura y acordó encargar la redacción de otro nuevo pliego de condiciones al profesor Abellá.

El 29 de enero de 2008 el Ayuntamiento aprueba un nuevo pliego de condiciones, con el único apoyo del PP y toda la oposición en contra, con los requisitos que deben cumplir las empresas. Siete grupos pugnan por el negocio, en mayo de 2008, son 190 millones de euros para 20 años. Al concurso optan los protagonistas del supuesto soborno, la mercantil Colsur, de Ángel Fenoll, y el grupo Urbaser, además de Acciona, FCC, Cespa-Ortiz y la Generala y la UTE de Sufi, Liasur y Gobancast. Y en septiembre de 2008, el Ayuntamiento, por fin logra adjudicar el contrato a la UTE, integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. En segundo y tercer lugar quedan Colsur, de Ángel Fenoll y Urbaser. Los socialistas de Orihuela sostienen que detrás de esta UTE está Fenoll.

Ahora, a raíz de aquellas primeras grabaciones sobre un supuesto soborno 39 personas, nueve políticos y el resto gerentes y responsables de empresas, están implicados en el caso Brugal. El juez, Carlos San Martín, ha citado a declarar el próximo mes de septiembre a todos los implicados en la primera trama del caso Brugal, que investiga la presunta corrupción ligada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.