Ofensiva del PP por controlar la playa

Está en todas partes, a todas horas: el agravio. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, escenificaron ayer en la alcaldía de Pinedo su rabieta con el Gobierno central. Jaleados por los hosteleros, criticaron el "ensañamiento" de la Dirección General de Costas ya no sólo con los chiringuitos, sino también con las actividades deportivas en la arena, que el Ejecutivo prohíbe "arbitrariamente", los espectáculos pirotécnicos o cualquier evento que se celebra en la costa.

Los dueños de los chiringuitos polémicos, ocho entre El Saler y Pinedo, exigen una modificación en la Ley de Costas que les permita salvar los locales y su extensión. De momento, subsisten en un limbo legal de excepcionalidad, ante lo que los empresarios reclaman una solución inmediata y a lo que el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, y Costas han pedido calma y tranquilidad.

El PP extiende el problema de los chiringuitos a los eventos deportivos

Pero ahora la batalla trasciende a los chiringuitos. Barberá y Castellano, merced a un vídeo que proyectaron ayer a los medios, extendieron el conflicto a las actividades deportivas y demás eventos de índole tradicional y cultural que se celebran en las playas. La alcaldesa atacó: "Nos han negado el diálogo sobre la transferencia de competencias para gestionar las playas, nos censuran celebraciones tradicionales y deportivas y nos multan". Barberá se refería a siete sanciones que Costas impuso a los organizadores de eventos deportivos en la playa por irregularidades con los patrocinios publicitarios. En el vídeo se mostraban partidos de fútbol o volley playa celebrados en distintas ciudades de España con vallas de promoción alrededor. Luego aparecía un rótulo que rezaba: "0 multas". La idea, al final, era convencer de que a Valencia se le prohíbe lo que a otras ciudades no y se le prohíbe porque sí.

Costas, ante el ataque, aclaró ayer por la tarde que las multas se imponen en todo el litoral español y que en el caso de Valencia han sido incluso confirmadas por los tribunales. En uno de los casos, el Ayuntamiento se comprometía a mantener los carteles publicitarios fuera de la vista de los bañistas. Lo incumplieron y fueron multados. La Delegación del Gobierno en Valencia matizó además que el Gobierno ha accedido a 132 peticiones para organizar eventos deportivos en los últimos años. Sólo ocho, según sus números, han sido sancionados. Los motivos bailan desde irregularidades con la publicidad hasta el incumplimiento en los plazos de ocupación del suelo público o la sobreocupación del propio suelo. La portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, opinó que la alcaldesa denuncia agravios que no existen. Alborch recordó que el PSPV-PSOE siempre ha apoyado a los hosteleros y sus locales y que los problemas se resuelven desde el diálogo y la cooperación y no el victimismo.