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Orden de prisión para un imputado en las injurias por el 'caso Alcàsser'

El criminólogo Juan Ignacio Blanco no compareció y la fiscal instó su detención

Orden de detención e ingreso en prisión para Juan Ignacio Blanco. Esa fue la decisión que ayer tomó el titular del Juzgado de Lo Penal número 2 de Valencia, donde tenía que haberse iniciado el juicio al propio Juan Ignacio Blanco, criminólogo; a Fernando García, padre de una de las niñas de Alcàsser asesinadas en 1992 y a dos profesionales de Canal 9, la periodista Amàlia Garrigós y el director del programa El juí d'Alcàsser, Ferran Pérez.

Los cuatro están imputados por delitos de injurias y calumnias a Enrique Beltrán, ex fiscal jefe de Valencia, al Tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Valencia que juzgó el triple crimen de Alcàsser, a la policía judicial y a los forenses que participaron. Ayer, por séptima vez, el juicio se suspendió.

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Juan Ignacio Blanco fue oportuna y correctamente citado para acudir ayer al juicio. La citación fue entregada en el domicilio que él había facilitado como propio. Sin embargo, ayer no acudió. Poco antes de la vista, la secretaría judicial del juzgado, según explicaron los abogados, recibió una llamada de alguien que dijo ser Juan Ignacio Blanco. Explicó que se había enterado de la citación por los periódicos, que estaba en el extranjero y que le resultaba imposible comparecer.

La fiscal del caso instó al juez a decretar la detención para posteriormente celebrar una comparecencia de prisión de manera que se garantice su presencia en el juicio. La próxima sesión será el lunes. Al cierre de esta edición, el criminólogo no se había presentado ante autoridad policial o judicial alguna.

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El juicio tuvo su origen en las manifestaciones que supuestamente los cuatro imputados realizaron o dejaron realizar en un espacio de la televisión pública descalificando la labor del ministerio fiscal, de la Guardia Civil y de los forenses.

El circo mediático tuvo ayer otro de sus mejores momentos. Fernando García, quien desde la desaparición de Marta del Castillo, en Sevilla, y la posterior detención de los supuestos cuatro implicados rueda por los canales de televisión como en los peores momentos de la telebasura alrededor del caso Alcàsser, entró al juzgado rodeado de cámaras y focos.

Él, a quien la fiscalía abrió en 2002 unas diligencias seguidas después por un juzgado de Picassent para averiguar el uso que dio a las aportaciones recibidas para una fundación que creó tras la muerte de las tres niñas, volvió ayer no sólo a cuestionar el procedimiento sobre el crimen sino a lamentarse de los 16 años que el ministerio público pide de prisión, los que establece el Código, por la sucesión de calumnias e injurias vertidas.

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