El PP de Castellón evita defender a Fabra tras el informe sobre delitos fiscales
"No es motivo de esta rueda de prensa". Bajo esa excusa, los dirigentes del PP de Castellón han evitado defender al presidente provincial y presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tras el informe pericial que le apunta como presunto autor de nueve delitos fiscales cometidos junto a su esposa, María Amparo Fernández, entre 1999 y 2004. Ayer fueron el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, que ocupa la presidencia mientras Fabra se recupera de un trasplante de hígado, y el vicepresidente Vicent Aparici. Ninguno de los dos quiso hacer valoración alguna de los datos que se conocen sobre el informe que señala que el matrimonio dejó de ingresar a la Hacienda pública 1,7 millones de euros durante el período investigado por el juzgado número 1 de Nules, donde se instruyen las diligencias ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal.
Tampoco la secretaria general del PP de Castellón, Marisol Linares, quiso referirse esta semana al tema. Ni siquiera manifestó la confianza del partido en la actuación de su presidente. El silencio también fue la respuesta escogida por el diputado por Castellón Juan Costa, que pese a sostener que él nunca evita pronunciarse sobre cualquier tema, por peliagudos que sean, optó por no valorar los nuevos datos.
El coordinador general del PP y alcalde de Castellón, Alberto Fabra, fue el único que no encontró escapatoria a las preguntas, aunque remitió a sus abogados: "Tendrán que ser sus abogados los que den las aclaraciones oportunas, y estoy convencido de que lo harán".
Fabra está llamado a declarar el viernes, precisamente, para ser interrogado sobre los ingresos detectados en sus cuentas. Sin embargo, su convalecencia hace prever que no acudirá al juzgado.
El informe pericial ha analizado los más de ocho millones de euros ingresados (en efectivo, con cheques o transferencias) en las cuentas de los Fabra y sostiene que las ganancias patrimoniales "no justificadas" ascienden a 3,6 millones. Además, el documento refleja cómo el matrimonio solicitó más de una treintena de préstamos y que el montante de la cantidad aportada por los bancos supera los 3,7 millones de euros.
