El PP acepta que las Cortes investiguen la CAM en enero
El PP aceptó ayer la propuesta socialista para habilitar como hábil el mes de enero en las Cortes Valencianas para que la comisión de investigación sobre la gestión de la CAM, intervenida por el Banco de España ante la situación de insolvencia a la que había llegado, pueda iniciar sus trabajos.
Según el acuerdo adoptado en la Mesa y Junta de Portavoces, la comisión sobre la CAM, constituida el pasado viernes, abrirá el próximo 10 de enero el plazo para que los grupos presenten sus propuestas de plan de trabajo.
El plazo se cerrará el día 20 y cinco cinco días más tarde se reunirá la comisión para debatir y votar el calendario, según la propuesta presentada por el presidente de la comisión, el popular Rafael Maluenda.
La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, impulsora de la iniciativa de pedir una comisión de investigación sobre la CAM, mostró su satisfacción porque la habilitación del mes de enero permite "acelerar toda una serie de investigaciones y peticiones de comparecencia y documentación que en este momento, en que ya ha sido comprada la CAM por otra entidad [Banco Sabadell], corren mucha prisa".
En la misma reunión, los socialistas también reclamaron la comparecencia extraordinaria del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para que explique el "plan de pagos" a las farmacias durante 2012, así como el resultado de la colocación de bonos patrióticos.
Privatización de líneas
Ayer los diputados de las Cortes Valencianas continuaron con la discusión en pleno del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2012. Durante el debate, los populares rechazaron sistemáticamente las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, incluidas las que solicitaban la renuncia a privatizar líneas de transporte público.
El diputado del PP Mariano Castejón explicó que la aportación de recursos privados para la construcción de infraestructuras públicas es "una posibilidad que permite la normativa vigente", a la que recurren tanto el Gobierno central como otras comunidades autónomas, y a la que el Consell no va a renunciar. La oposición cuestionó que la concesión pública sea "la regla" para financiar las infraestructuras, y lamentó el descenso brutal del capítulo de inversiones en Infraestructuras.
