El PP basa su campaña contra De la Vega en un dato que es falso
El fiscal no intervino de oficio contra la alcaldesa de Antella, como afirman
La campaña contra la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, iniciada por el PP tras conocerse su empadronamiento en Beneixida (Valencia), gira alrededor de una premisa falsa. Los populares pretenden que la Fiscalía actúe de oficio como hizo en el caso de un empadronamiento en casa de la alcaldesa de Antella (Valencia). El hecho, sin embargo, es que en esa localidad el ministerio público actuó tras una denuncia formulada por el PSPV.
El PSPV presentó una denuncia por un presunto delito de carácter electoral
Los populares insisten -ayer sin ir más lejos a través de su vicesecretario general, David Serra- en exigir a la Fiscalía que dé "el mismo trato que reciben los seis vecinos de Antella que están siendo investigados por su empadronamiento". La realidad es que, de momento, la única persona que está denunciada es la alcaldesa Isabel Giménez. El PP se resiste a presentar la denuncia contra Fernández de la Vega, entre otras razones, porque al estar aforada su caso debería verse en el Tribunal Supremo. De ahí que Serra solicitara a la vicepresidenta que renunciara al fuero.
El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Esteban González Pons, fue el primero en reclamar al fiscal de Alzira que actuase. El pasado martes dijo que [el ministerio público] "se ha querellado contra seis personas que supuestamente se empadronaron en domicilios de familiares para votar en las [pasadas] elecciones municipales". Ayer, el vicesecretario general regional del PP, David Serra, volvió a insistir en idénticos términos: "Exigimos, con el absoluto respeto que la justicia se merece, que su condición de aforada no la exima para que se pueda investigar como se está investigando en Antella".
¿Qué y por qué se está investigando en Antella? El PP se cuida mucho de explicar qué es lo que está investigando el ministerio público en Antella porque afecta directamente a la alcaldesa de su partido. Fuentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano confirmaron a este periódico que, contra lo que afirma el PP, el fiscal de Alzira no actuó de oficio, sino como consecuencia de una denuncia presentada el pasado 7 de mayo por un representante legal del PSPV contra la alcaldesa de Antella, por si hubiera cometido un delito de prevaricación en relación con un delito electoral.
La fiscalía abrió diligencias por un presunto "delito cometido en calidad de funcionaria que custodia el censo", por cuanto Giménez, como consta en los documentos remitidos al ministerio público, firmó las certificaciones del censo electoral en el que aparecen seis personas empadronadas en su domicilio. Todavía, a pesar de las afirmaciones de Pons y Serra, no se investiga a los empadronados. Otra cosa es que en el transcurso del proceso se les acabe citando como colaboradores necesarios, informa Lydia Garrido.
Fuentes de la Fiscalía del TSJ hacen notar la diferencia de lo investigado en Antella y lo que el PP pretende que se investigue. En el primer caso, la alcaldesa actúa como funcionaria, mientras que el empadronamiento de De la Vega es el acto de una ciudadana particular.
La beligerancia del PP contrasta con el aparente distanciamiento del Consell. Su portavoz, Vicente Rambla, en su comparecencia del viernes, quitó importancia al empadronamiento de De la Vega en Beneixida. Aseguró que se trata de un asunto sin trascendencia, y dijo que el Consell no pensaba presentar ninguna denuncia y que cada cual es libre de vivir donde quiera.
