El PP bloquea la investigación de los contratos con la trama corrupta

El PP bloqueó ayer la comisión de investigación que había solicitado el PSPV para conocer los contratos de la Generalitat y sus sociedades públicas con todas las empresas de la trama Gürtel. La Mesa de las Cortes rechazó tramitar la solicitud a pesar de que la propia Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, reclamó ayer "transparencia" a sus compañeros valencianos. Rafael Maluenda, portavoz del PP, argumentó que la iniciativa socialista entrañaba "una modificación encubierta del Reglamento de las Cortes, el señor [Ángel] Luna pide que la comisión de investigación sobre los contratos con la trama Gürtel la presida un diputado de la oposición". Algo impensable para el PP.

La paralela comisión de investigación sobre las cuentas de los tres partidos que lograron representación parlamentaria en mayo de 2007, que solicitó el PP el lunes, todavía no ha llegado a la Mesa de las Cortes.

Luna, por su parte, sugirió que los socialistas no tienen ningún empacho en apoyar la comisión de investigación que plantea el PP siempre que la propuesta reúna dos condiciones, que la comisión en cuestión la presida un diputado de la oposición, algo que el PP ya demostró que no aceptará nunca; y que el órgano parlamentario pueda estudiar los contratos de la Generalitat y sus sociedades públicas con las empresas implicadas en la trama corrupta.

"Si además quieren ver las cuentas del PSPV, nos parece perfecto. No tenemos nada que ocultar", añadió Luna, para recordar que "la policía investiga al PP y eso es lo que hay que aclarar".

Maluenda deslizó que los socialistas pretenden impulsar "un juicio paralelo", como si el informe policial de la brigada para la prevención del blanqueo de dinero no permaneciera en el limbo jurídico al no estar vinculado a ninguna causa concreta. Un informe que detalla cómo varias empresas constructoras valencianas pagaron por servicios que Orange Market facturó al PP; cómo se falsificaron facturas para justificar ingresos de Orange Market; y cómo el PP de la Comunidad Valenciana barajaba una doble contabilidad con cuentas consignadas bajo el epígrafe Alicante, en blanco, o el epígrafe Barcelona, en negro,

Sedesa, una de las constructoras citadas en el informe policial, emitió un comunicado para negar que haya participado "en ninguna operación que implicara financiación a partido político alguno"; que las adjudicaciones que ha recibido de la Generalitat no ascienden a 539 millones de euros, sino a 97 millones, porque no se ha tenido en cuenta que optó a varios concursos públicos en UTE con otras constructoras, ni que la concesión de la CV-50 ha sido, hasta la fecha, de 161,5 millones de euros de los que sólo corresponden a Sedesa 56,5 millones. La constructora que preside Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero Juan Cotino, asegura, además, que "las relaciones mantenidas con Orange Market fueron de carácter estrictamente comercial, sin haber recibido indicación o sugerencia alguna de terceros".

En Castellón, el socialista Mario Edo instó al alcalde Alberto Fabra a que explique "cómo financió la campaña electoral de 2007". La presentación de la candidatura de Alberto Fabra figura entre los apuntes de la caja B de Orange Market, según el informe policial. "La campaña electoral de Fabra está bajo sospecha", dijo Edo, "si se confirman la financiación ilegal del PP, tendríamos que empezar a hablar ya de fraude electoral".