El PP cierra filas para mantener la opacidad del Consell

"La semana de la contratación", bromeó ayer José Marí, diputado del PP, ante el pleno de las Cortes, antes de calificar como "una ocurrencia" la posibilidad de crear un registro público de todos los contratos de la Generalitat, incluidos los servicios técnicos menores y de asesoría. La iniciativa se planteó para evitar el goteo de contratos menores que se hacen públicos con empresas de la supuesa trama corrupta destapada por la investigación del caso Gürtel.

Enric Morera, portavoz adjunto de Compromís, defendió la moción, que fue respaldada por el PSPV y Esquerra Unida. Todos los portavoces subrayaron que nadie debe temer la transparencia. El registro en cuestión evitaría "muchas sospechas", en palabras de Morera; evitaría "malas prácticas, corruptelas y presunta corrupción de ciertas empresas que contratan con más frecuencia de la deseada con la Administración Camps", en palabras del socialista José Camarasa; o "la dictadura encubierta" que habría establecido el PP al "eliminar el contrapeso" que supone la "labor de control" de la oposición parlamentaria, según Marina Albiol, de Esquerra Unida.

Sanidad ha pagado ya 67 millones de euros en intereses de demora

Pero las dudas de la oposición fueron despachadas con una broma. "Sería tanto como aprobar una declaración institucional que instara al mundo mundial a cumplir el ordenamiento jurídico", dijo Marí.

El miércoles, el PP rechazó otra iniciativa similar defendida por el socialista José Camarasa. Cesar Augusto Asencio, del PP, acusó a los socialistas de "fraude parlamentario" por sembrar dudas en torno a la gestión del Consell. "¿Qué son tres o cuatro trajes?", llegó a preguntarse Asencio en alusión a la imputación del presidente de la Generalitat por un supuesto delito de cohecho.La moción que defendió Morera en aras de la transparencia en materia de contratación pública, que no exigía otra cosa que el efectivo cumplimiento de leyes en vigor, incluía un punto en torno a la obligación de la Generalitat de pagar a sus proveedores en el plazo de un mes. Morera recordó que la Generalitat ha sido condenada a pagar 67 millones de euros en intereses de demora por retrasarse en los pagos a los proveedores del área de Sanidad y sugirió que pagar a tiempo sería la más eficaz medida contra la crisis.

Olano dio por hecho que los retrasos en los pagos a los proveedores del área de Sanidad son generalizados y trasladó las culpas al Gobierno por no actualizar el modelo de financiación. Morera no pudo replicar.

Las declaraciones de Esteban González Pons, portavoz de la organización estatal del PP, quien aseguró que hay "directores generales que en Navidad reciben jamones que valen mucho más" que "tres trajes de Milano al por mayor", en alusión al supuesto delito de cohecho que se imputa al presidente de la Generalitat, abrieron otro frente parlamentario.

Mónica Oltra, portavoz de Compromís, registró una bateria de preguntas a Vicente Rambla, portavoz del Consell, para saber si es cierto que altos cargos de la Generalitat reciben jamones; si González Pons ha detallado su denuncia; si el Consell ha identificado a los altos cargos que habrían recibido las dádivas que menciona el antiguo portavoz del Consell; y si se han dado instrucciones a los altos cargos sobre lo inadecuado de una práctica que "puede derivar en responsabilidad penal y administrativa".