El PP confía en que se rechace la querella del 'caso Gürtel'

El debate sobre la corrupción está ya en la agenda de todos los partidos políticos, aunque cada uno arrima el ascua a su sardina. Ayer, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de pedir información al TSJ de Madrid, al PP y a las Cortes Valencianas para decidir si es o no competente para investigar la querella del PSPV por supuesta financiación irregular de los populares valencianos, cada partido hizo su propia lectura.

El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, manifestó su confianza en que la querella presentada por el PSPV a raíz del caso Gürtel no sea admitida por el TSJ de la Comunidad Valenciana. La solicitud de información antes de pronunciarse sobre la competencia, según Clemente, "no supone nada que haga pensar que la querella va a ser admitida". Además, para el número dos de los populares valencianos el tribunal no ha atendido, de momento, varias de las pruebas solicitadas por los socialistas como información de la junta electoral, del Banco de España o de la Agencia Tributaria.

El delegado del Gobierno dice que los tribunales investigarán el caso

El secretario general del PP valenciano volvió a arremeter contra la decisión del PSPV de presentar la denuncia, que tildó de la "mayor equivocación política que ha cometido el PSOE desde que existe en la Comunidad Valenciana", y que incluyó como "una parte más de esa cacería que lleva contra el presidente Camps".

Menos beligerante estuvo la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, que se limitó a señalar su "respeto absoluto a un procedimiento que está siguiendo su curso".

Por su parte, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, se mostró convencido de que, "efectivamente", los tribunales van a investigar la trama de corrupción vinculada al caso Gürtel y lo harán "con todo rigor". "Bien los tribunales valencianos, bien los de Madrid, que en estos momentos pueden tener ya iniciadas actuaciones en relación con esta materia".

En este contexto, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, calificó ayer de "contradictorio" que el PP proponga un pacto contra la corrupción por un lado y, por otro, "pida la impunidad de los corruptos".

Llamazares explicó ayer en Valencia las 30 medidas que planteará en el Congreso para luchar contra la corrupción que, en su opinión, "procede de un modelo económico, especulativo y de dinero negro, que afecta a una parte de la política y contamina al resto". Las medidas que defenderá Llamazares están relacionadas con la economía sumergida, la regeneración fiscal y la lucha contra la corrupción política. En ese contexto, la coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, presentó ayer la proposición no de ley que defenderá en las Cortes Valencianas. Esta iniciativa insta al Consell a adoptar estas 13 medidas para "acabar con la corrupción y recuperar la credibilidad de los políticos y los mecanismos de participación".

Las 13 medidas se agrupan en cuatro bloques: funcionamiento de la Administración valenciana, medidas de control de contratación y de procedimientos urbanísticos, reformas legislativas y mejora de la transparencia.

Entre las propuestas más llamativas formuladas por Esquerra Unida figura la petición de reforma urgente de la Ley Urbanística Valenciana para dotarla de mecanismos de transparencia y limitación de las plusvalías; la creación de una comisión especial en las Cortes de seguimiento de los procedimientos de contratación; la creación de un registro público donde consten los ingresos y el patrimonio de los cargos públicos de la Generalitat y el incremento de medios de la Fiscalía.

Marga Sanz indicó que en el PP "no son capaces" de cumplir las propias propuestas lanzadas por Mariano Rajoy para combatir la corrupción.