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El PP consagra el carácter privado con financiación pública de la VIU

La oposición vota en las Cortes contra la ley que reconoce la nueva universidad

Las Cortes aprobaron ayer con los únicos votos del PP la ley que reconoce la Universidad Internacional Valenciana (VIU, sus siglas en inglés). El debate en el último trámite parlamentario del texto legislativo se concentró en el carácter privado de la nueva institución que, sin embargo, será sustentada con fondos públicos. La diputada Ana Noguera llegó a ofrecer un cambio del sentido del voto socialista si el PP accedía a modificar el carácter privado de la VIU.

Noguera: "Ustedes no confían en aquello que no pueden controlar"
Asencio: "La VIU es complementaria y no hostil hacia el sistema público"

César Augusto Asencio, del PP, evitó mencionar el asunto, reiteró que los socialistas habitan "una realidad inexistente" y defendió que la VIU será "una institución complementaria" y "no hostil" hacia el resto de universidades... ¿Públicas? Ni mención.

Un portavoz del consejero de Educación resolvía el asunto desde la tribuna de prensa: "Será privada para poder cobrar a los estudiantes que no sean valencianos, si fuera pública no se podría cobrar a un alumno de Illinois por encima de las tasas oficiales, una ruina".

Pero en el hemiciclo el debate era otro. "Ustedes crean una universidad privada porque no confían en aquello que no se puede controlar, que no acata las órdenes del presidente de la Generalitat", denunció Noguera. "Atacan al sistema universitario valenciano público", siguió, "esta entidad nace en contraposición al sistema universitario, revela su total desconfianza hacia este sistema y nace con la función de controlar ideológicamente contenidos, conocimientos y formación".

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Asencio no se salió de su guión. La demanda social, el mundo global, la educación superior al alcance de todos. El diputado del PP esgrimió el acuerdo económico alcanzado por la Generalitat con los rectores de las universidades públicas para aplazar 14 años el pago de 914 millones de euros como muestra de la buena disposición del Consell hacia el sistema universitario público.

La réplica de Noguera fue interrogativa: "¿Se siente orgulloso de negociar un convenio con las universidades sobre lo que no les han pagado?"

Josep María Pañella, de Compromís, insistió en retirar del texto el carácter "predominantemente no presencial" de la enseñanza que se impartirá en la nueva universidad para garantizar que la VIU no competirá con las universidades públicas. También sin éxito.

El PP se quedó solo al reconocer la VIU. Y todo apunta a que la recuperación de la figura medieval del Pare d'Orfens desembocará del mismo modo. Juan Cotino, vicepresidente del Consell y responsable de Bienestar Social, defendió la necesidad de "actualizar" la ley autonómica de protección de la infancia, vigente desde diciembre de 1994 y "pionera" en su día, a través de una nueva norma que recupera el derecho foral valenciano.

María Dolores Huesca, por el PSPV, y Glòria Marcos, por Compromís, defendieron sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley que calificaron como "arcaico". Huesca denunció que el texto "excluye formas de convivencia" ajenas a la familia tradicional; es una mera declaración sin memoria económica; obvia los servicios sociales municipales y "representa el modelo de caridad" que atribuye el PP a los servicios públicos.

Marcos apuntó que "para el Consell no existen ni la ley de violencia de género, ni la ley de igualdad, ni la ley de matrimonios homosexuales". Junto al "concepto restrictivo" de familia que destila el texto, Marcos subrayó que el proyecto establece literalmente que "la Generalitat protegerá el derecho a la vida en formación, protegiendo a las madres gestantes que estén decididas a tener su hijo".

María Josefa García Herrero, por el PP, se mostró escandalizada ante la posibilidad de que nadie pueda oponerse a una ley de protección de la infancia: "Bromear con esta ley es demencial". A partir de semejante axioma, parece difícil que el Pare d'Orfens salga de las Cortes con más apoyos que la VIU.

Otro plante de los socialistas

La celebración del 25º aniversario de la primera constitución de las Cortes Valencianas en democracia el 7 de junio de 1983 viene precedida por la polémica. Ángel Luna, portavoz del PSPV, anunció ayer que los socialistas asistirán al acto institucional convocado mañana por la mañana en el que está previsto distinguir a todos los diputados de la primera legislatura pero no acudirán al concierto y posterior cena que ha organizado la presidencia de las Cortes el mismo viernes en la Ciudad de las Artes.

El gesto pretende llamar la atención sobre las reiteradas muestras de desprecio hacia el Parlamento autonómico de parte del Consell. "No estamos para celebraciones, sino para que se respete el reglamento de esta institución y para que el PP entienda de una vez por todas que no puede manejarla como si fuera uno de sus comités, y también para que su presidenta entienda que su cargo merece un respeto que tiene que defender, y que no puede estar al servicio del Gobierno", dijo Luna.

El último episodio de desprecio, según los socialistas, es la comunicación que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, presentó el martes en las Cortes para excusar su presencia hoy en la sesión de control por "compromisos adquiridos con anterioridad".

El ambiente venía caldeado por un vídeo que ofrece la página web de las Cortes (www.cortsvalencianes.es) con ocasión del 25º aniversario de la institución. Una película de apenas tres minutos que pretende glosar las mejoras que disfrutan los valencianos desde que recuperaron las Cortes Valencianas. La locución, exclusivamente en castellano; como prueba de progreso, imágenes de un coche de Fórmula 1 en plena carrera; y, a cierta distancia, Francisco Camps es el único presidente de la Generalitat que refleja la breve historia de los últimos 25 años.

"¿Cómo puede ser Camps el protagonista del vídeo de las Cortes si no llega a personaje secundario de la vida parlamentaria de la Comunidad Valenciana debido a su afán escapista?", se preguntó ayer la socialista Carmen Ninet.

Mireia Mollà, de Compromís, calificó como "lamentable que se renuncie a la lengua propia desde el ámbito institucional" y sentenció que "el nivel de utilización de las instituciones por parte del PP como herramienta propagandística está llegando a niveles repulsivos".

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