El PP crea un grupo para denunciar a quienes usen la justicia torticeramente
La dirección regional del PP decidió ayer constituir su comisión de Justicia y Libertades Públicas para servir "de enlace" con los responsables sectoriales de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y "desenmascarar a aquellas personas que hagan un uso torticero y fraudulento de la Administración de justicia buscando únicamente beneficios políticos".
Entre los integrantes de esta comisión está la cúpula regional del PP, el portavoz parlamentario, Rafael Blasco, el secretario de economía y portavoz de área en las Cortes, José Marí, y el abogado Enrique Fliquete, ambos son responsables de la asesoría jurídica del comité de campaña electoral. Fliquete es abogado y miembro de una asociación que en 2006 pidió a la fiscalía que se investigase la financiación del PSPV. Este abogado también se postuló para crear una red de asistencia jurídica gratuita a quienes quisiesen reclamar por la derogación del trasvase del Ebro. Fliquete también se apresuró a asumir la defensa del vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, en el cruce de demandas con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a raíz del empadronamiento de la dirigente socialista en Beneixida. Una cuestión que el propio secretario general del PP, Antonio Clemente, recuperó ayer al calificarla, otra vez, de "irregular".
El PP aseguró ayer que esta comisión "prestará especial atención a la utilización sectaria que el PSOE hace de las instituciones". Esta no es la primera vez que el PP organiza un grupo para controlar las denuncias que presentan terceros. Hace justo ahora cuatro años el PP regional organizó un grupo de expertos para "analizar" si las actuaciones del fiscal jefe del TSJ, Ricard Cabedo, se ceñían a la legalidad. Entonces el número dos del partido Ricardo Costa justificó la creación de la comisión porque consideraba que aplicaba criterios diferentes al PSPV y al PP. La comisión se paralizó tras el escándalo creado al confirmarse que el secretario autonómico de la Consejería de Justicia Fernando de Rosa -hoy vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP- había utilizado su cargo para incluir personas de reconocido prestigio judicial en el grupo.
