El PP pide más fianza pero evita la cárcel para sus directivos de Emarsa
Cambió de bufete de abogados y frenó el documento de ampliación de querella que solicitaba cárcel a dos exdirectivos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa), el director gerente, Esteban Cuesta, miembro de la dirección del PP en Valencia, y el director financiero, Enrique Arnal, acusados de estafa, malversación y gestión desleal. Ahora, el alcalde de Manises, el popular Enrique Crespo, presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de la propia Emarsa, ha presentado ante el juzgado número 15 de Valencia una ampliación de la querella -admitida a trámite en enero tras hacerse públicas las irregularidades en la gestión de la depuradora de aguas residuales de Pinedo, que da servicio a toda el área metropolitana de Valencia-, que no habla de cárcel.
Los socialistas acusan a Crespo de "complicidad en el saqueo"
Crespo ha optado, tras evitar que el organismo que preside pida prisión preventiva para cargos de su propio partido, por ampliar la solicitud de fianza de seis a nueve millones de euros para ambos y extender la denuncia a una decena de personas más además de las cinco iniciales. Entre ellas, figura un concejal del PP de Albuixec, José Alcácer, propietario de una de las empresas implicadas en falsos transportes de lodos facturados a Emarsa, sociedad participada al 100% por la entidad metropolitana que preside el alcalde de Manises.
"Con esta ampliación de la querella", señaló ayer Crespo en un comunicado, "hemos aportado toda la documentación posible para poder seguir colaborando con la justicia y que sea la justicia quien dirima todas y cada una de las responsabilidades".
No es esa la opinión de los socialistas. Su portavoz en la Emshi, el alcalde de Albal, Ramón Marí, acusó ayer a Crespo de reconocer "su complicidad en el saqueo de Emarsa al querer salvar de la cárcel a los responsables". Marí acusó, además, a Rita Barberá, alcaldesa de Valencia por el PP, cuyo peso es decisivo en la entidad metropolitana, de hacer dejación de funciones al no propiciar el cese de Crespo. Este último, a su vez, acusó a Marí de querer atribuirse "funciones que corresponden únicamente a la justicia".
El fraude en Emarsa, que ha sido liquidada y su gestión de la depuradora de Pinedo puesta en manos de una empresa privada con un coste muy inferior, supera, según los socialistas, los 40 millones de euros. En la empresa pública se facturaron obras, trabajos de mantenimiento y equipos informáticos que no existieron, así como transportes y tratamientos de lodos falsos y viajes, regalos, cursos y servicios de azafatas de costes desmesurados.
