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Un PP sacudido por la corrupción exige la dimisión de Zapatero

El debate sobre los recortes se trasladó a la política del ConsellLa iniciativa de Compromís recibe el apoyo de los socialistas y de Esquerra Unida

Los populares valencianos optaron ayer por centrar la atención en la paja en el ojo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para no ver la conmoción que sacude a su partido tras la iniciativa de acumulación de actuaciones judiciales en el caso de corrupción que afecta al Consell presidido por Francisco Camps y al PP. Un pleno extraordinario convocado a petición urgente del Ejecutivo autonómico sirvió para arremeter en las Cortes Valencianas contra los recortes planteados por el Gobierno central ante la crisis económica y exigir la dimisión de Zapatero, en un debate paralelo al que genuinamente se desarrollaba en el Congreso de los Diputados.

El vicepresidente segundo de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, fue la estrella de una sesión que por momentos trasladó la discusión a la propia política del Consell. El titular de Economía atribuyó a la "deficiente e irresponsable gestión" del presidente Rodríguez Zapatero lo que calificó como "virulencia de los efectos de la crisis" en España, criticó que no se aprovechara el periodo de bonanza para corregir las debilidades estructurales y coyunturales y concluyó que, a causa de "la inacción y la improvisación" del Gobierno socialista, puede ya hablarse de que "la economía española está claramente desequilibrada".

Gerardo Camps atribuye prevaricación al Gobierno

Gerardo Camps, en cuya opinión la situación de crisis pone a prueba "la valía de un líder y de su equipo", acusó a Zapatero de haberse visto pillado a contrapié y sumido en un "estado de autocomplacencia permanente". Por el contrario, el vicepresidente Económico del Consell defendió su gestión como modélica en todos los aspectos. "El Gobierno hipotecó a España con la esperanza de que la recuperación en otros países nos sacara de la crisis, pero finalmente ha sido demasiado tarde".

En su choque dialéctico con los portavoces de la oposición reiteró varias veces las apelaciones a no usar "chascarrillos" ni hacer demagogia con la corrupción, pero aventuró que el Gobierno puede haber cometido prevaricación por haber corregido en el boletín oficial el decreto-ley de medidas de ajuste para aplazar al año que viene la prohibición a los ayuntamientos de suscribir créditos a largo plazo. En respuesta a la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, que había pedido la dimisión del presidente del Consell y de cuantos cargos públicos estén relacionados con el caso Gürtel, criticó que algunos siempre aprovechen los plenos "para pedir dimisiones" y no para hablar de lo que les importa a los valencianos.

El portavoz popular y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en su turno de intervención, ignoró la recomendación y, tras arremeter contra el presidente, aseguró que "solo queda una salida, la dimisión de Zapatero y la convocatoria de elecciones".La diputada socialista Cristina Moreno, que vio cómo el pleno rechazaba, con los votos del PP, Compromís y Esquerra Unida, su propuesta de respaldar el decreto de ajuste fiscal aprobado por el Congreso, así como medio centenar de medidas para combatir la crisis, se quejó de que ayer se celebrara un debate que no se ha hecho en año y medio, pese a las solicitudes de su grupo; calificó de "vergonzoso" el anuncio del Consell de que bajará más los impuestos, al revés de lo que ocurre en toda Europa, y le recordó a Camps el alto endeudamiento de la Generalitat, que ha convertido al Consell en un Gobierno "intervenido" por la aplicación de los criterios de estabilidad.

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Enric Morera, de Compromís, propuso sin éxito al PP que se negara a aplicar los recortes salariales a los funcionarios con "fórmulas más efectivas de austeridad y control del gasto". Marga Sanz, de Esquerra Unida, a su vez, criticó la política de grandes eventos como "un paradigma del gasto" que caracteriza al Consell y pidió abordar el problema del déficit sin recortes sociales.

Al final, el PP sacó adelante, gracias a su mayoría, 17 propuestas de resolución, la mayoría de ellas peticiones al Gobierno central, como alentar el crédito por parte de los bancos, pactar una reforma laboral, preparar una reforma fiscal que reduzca la presión sobre las empresas o potenciar la inversión en infraestructuras.

Antes de que las Cortes celebraran, a mediodía de ayer, el pleno extraordinario sobre las medidas de ajuste, se había debatido una proposición no de ley, que defendió la diputada de Compromís Mireia Mollà, para reforzar las competencias de la Sindicatura de Comptes con el fin de que el organismo tuviera capacidad para fiscalizar las cuentas de los partidos políticos y de las fundaciones que dependen de ellos. Mollà logró el apoyo del PSPV, al pactar una enmienda transaccional con el diputado Vicent Sarrià, y también recibió el voto favorable de Esquerra Unida, pero la iniciativa fue rechazada por el PP. La diputada de Compromís argumentó así la propuesta sobre la Sindicatura: "Se trata de ampliar el ámbito de la fiscalización a las estructuras paralelas de los partidos que pueden convertirse en un sistema de distracción de recursos públicos". Según Mireia Mollà, "la transparencia de las cuentas es una muestra de voluntad de querer impedir cualquier corrupción".

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