El PSPV exige a Ripoll que anule la contrata de la basura adjudicada a Ortiz

El Grupo Socialista en la Diputación de Alicante exigió ayer al presidente de la corporación provincial, José Joaquín Ripoll, del PP, que anule la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja adjudicada a una UTE integrada por la firma Cespa y otra empresa del promotor Enrique Ortiz. El portavoz socialista,Antonio Amorós, señaló que planteará está iniciativa a través de una moción en el próximo pleno. La adjudicación ya ha sido declarada nula por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante. "La Diputación debería asumir el fallo judicial que anula la adjudicación e iniciar uno nuevo para el vertedero de La Vega Baja", dijo Amorós.

La planta del plan zonal de la Vega es uno de los pilares del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la Basura que investiga un juzgado oriolano). Según el sumario, Ripoll adjudicó la planta a cambio de dos pisos o su equivalente en dinero por supuestos favores a los empresarios Ortiz y al industrial Ángel Fenoll.

"Con el señor Fenoll no he hablado en mi vida", dice Sarrià

El proyecto se adjudicó en enero de 2003. El Consorcio Provincial de Residuos, órgano que también preside Ripoll, optó por ubicar la instalación en la finca Lo Cartagena, en el término de la pedanía oriolana de Torremendo. Sobre ese terreno Ortiz ha declarado que tenía una opción de compra. El consorció eligió ese emplazamiento pese a que la mejor oferta era la ubicación en el municipio de Albatera. Este extremo ha motivado la anulación de la adjudicación por en plano del Derecho Administrativo. Pero seis meses después de la adjudicación, el Consorcio volvió a cambiar de ubicación, en este caso a la finca La Pistola, también en Torremendo, pero propiedad de Ángel Fenoll.

Ripoll, Ortiz, Fenoll y otras 51 personas, están imputados en el caso Brugal, entre otros, por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias.Antonio Amorós, así como Josep Cataluña, ex secretario de Finanzas del PSPV, y Vicent Sarrià, diputado autonómico y ex secretario de Organización del PSPV, aparecen en las diligencias del caso Brugal, en concreto en las escuchas telefónicas relacionadas con la planta del plan zonal de la Vega y el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de la trama corrupta según la investigación. No obstante, ninguno de los tres está imputado.

Amorós declinó ayer comentar las alusiones a su nombre que hay en el sumario y dijo: "Las responsabilidades son siempre de quien gobierna y controla las instituciones. Hay que abrir una investigación que arroje claridad sobre qué es lo está ocurriendo y que determine las responsabilidades políticas".

Quien no declinó hacer comentarios fue Vicent Sarrià. El diputado autonómico se apresuró a convocar una conferencia de prensa en las Cortes para dar explicaciones. "No se me imputa nada, y se me relaciona de una manera tangencial con el caso", dijo Sarriá, que expresó su "sorpresa e indignación" al conocer por la prensa que aparece en el sumario. "Mi obligación es no dejar que esto sirva para echar cortinas de humo sobre un caso claramente vinculado a la corrupción en el PP", explicó el diputado, al que acudieron a dar apoyo en la sala de prensa del grupo socialista los diputados Carmen Ninet, Isabel Escudero, Ana Noguera, Nuria Espí, Cristina Moreno y Jesús Ros.

Sarrià vinculó su aparición en el sumario a una denuncia que realizó contra él y contra el ex secretario de Finanzas Josep Cataluña un abogado tras unas declaraciones del ex dirigente socialista de Orihuela Francisco García Ortuño, que ya fue archivada en su día por el fiscal. "Aquella denuncia se produjo después de que yo, como secretario de Organización, propusiera la disolución de la agrupación socialista de Orihuela, por muchos motivos, pero sobre todo por la gestión de García Ortuño".

"Con el señor Fenoll no he hablado en mi vida", señaló Sarrià, quien dijo no saber nada de contratas de basura ni de nada parecido. "En todo momento el PSPV se financió de acuerdo con la legalidad", respondió a la pregunta de si el asunto por el que se le cita pudo tener que ver con la financiación de los socialistas valencianos. "Por lo que he podido ver, en ningún momento se me imputan hechos o comportamientos irregulares, pero creo que conviene aclarar las cosas desde una absoluta tranquilidad", señaló. En cuanto a la posibilidad de que Fenoll llegara a financiar el PSPV, respondió: "Por la información que tengo, en absoluto". Sarriá reafirmó su apoyo al compromiso de su partido contra la corrupción. No puede evitarse que surja alguna oveja negra, explicó, pero "cualquier persona claramente vinculada a un caso de corrupción no merece estar en las listas. Yo no puedo hablar por el partido, pero en el momento en que esté claro que alguien haya participado en un caso de este tipo debe ser inmediatamente apartado".

Mientras tanto, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, también imputada en la causa (la regidora no ha sido arrestada y el juez aún no la ha citado a declarar) cuestionó ayer la imparcialidad de la investigación en el trato dado a los políticos del PP y del PSOE. "Por qué se han intervenido unos teléfonos y otros o no y por qué no se han registrado domicilios de los dirigentes socialistas", se preguntó la alcaldesa, en declaraciones a Europa Press.

"Cuando la justicia entra en un camino, lo que hay que hacer es respetar ese camino de la justicia y esperar a sus conclusiones", dijo, por otra parte, el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en alusión al levantamiento del secreto de sumario de parte del caso Brugal. Blasco recalcó que su "valoración personal y política" es "siempre" la de "ser muy respetuoso con las actuaciones judiciales" e incidió en que "es muy importante que la justicia actúe con absoluta libertad" y "llegue a sus conclusiones". "Después, ya haré una valoración política", concluyó.