El PSPV lleva a Anticorrupción el caso de nepotismo de Santa Pola
"La ciudadanía exige respuestas", esgrime la oposición
El caso de nepotismo en las adjudicaciones del Plan Confianza del Ayuntamiento de Santa Pola, en manos del PP, ha terminado en el despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. El PSPV de la localidad presentó el viernes una denuncia en la que solicita a Anticorrupción que investigue la adjudicación de la redacción de siete proyectos de este programa de inversiones municipales que financia la Generalitat a familiares de empleadas municipales. Adjudicación que se anuló apenas dos días después de que los hechos trascendieran. La secretaria general del PSPV-PSOE en Santa Pola, María Lafuente, argumentó ayer en rueda de prensa que el hecho de que se haya "dado marcha atrás" en el intento no "puede dejar impunes a los que han participado" en este proceso.
"Los hechos han creado una gran alarma social por su envergadura y por su repercusión pública", esgrimió Lafuente. "La ciudadanía exige respuestas y actuaciones", apostilló la socialista, que aseguró no conocer precedentes de un hecho similar.
El Ayuntamiento había adjudicado la redacción de siete de los 18 proyectos del Plan Confianza a profesionales privados relacionados con tres empleadas municipales. Los dos maridos y un hermano de tres altas funcionarias eran los adjudicatarios, entre ellos Antonio Ortega, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante y marido de María José Mogica, arquitecto municipal.
Dos días después de hacerse público el caso de nepotismo, el Ayuntamiento que dirige Miguel Zaragoza revocó las adjudicaciones. El texto de renuncia de los profesionales era idéntico y explicaba: "Habiendo tenido conocimiento de la posibilidad de la existencia de motivos judiciales que puedan poner en tela de juicio la validez plena de los referidos contratos y en evitación de cualquier clase de perjuicio al Ayuntamiento, deseo renunciar íntegramente a los contratos".
El caso ha abierto una brecha en el Colegio de Arquitectos de Alicante, donde un grupo de profesionales solicita la dimisión del presidente por la "ruinosa" gestión económica del organismo, la "inactividad" y su implicación en el citado caso de nepotismo.
