Pasividad pública ante la ilegalidad urbanística

El urbanismo y la vivienda siguen generando un 16% de las quejas que llegaron en 2008 a manos del Síndic. Y sobresalen con diferencia las relacionadas con la falta de disciplina urbanística. Los ayuntamientos y la Administración autonómica no son ágiles cuando se trata de pararle los pies a los infractores. El Síndic de Greuges se queja no sólo de la pasividad de las corporaciones locales para obligar a los infractores a restablecer la legalidad "sino de su retraso en tramitar las demoliciones y sanciones" que procedan.

"El Síndic no se cansa de repetir lo importante que es que los ayuntamientos reaccionen a tiempo y paralicen las obras o corten la luz y el agua en la obra si los promotores se saltan el proyecto", aconseja el informe. Se han dado casos en los consistorios de Alicante, Vinaròs, Los Montesinos o Rocafort, donde o bien se sobrepasaron las alturas permitidas o no se demolió una obra ilegal.

Otro capítulo importante de quejas tiene que ver con los famosos Planes de Actuación Integrada (PAI), tramitados en muchos casos sin el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "Hemos emitido numerosas recomendaciones insistiendo en la necesidad de ese informe para acreditar si hay agua suficiente para el abastecimiento de estos proyectos", subraya el documento. Es el caso del PAI de la Marcolina II, en Alcalà de Xivert. Existen otros casos, igual de llamativos, en los que un Ayuntamiento -el de Rojales- lleva un año sin responder a la solicitud de licencia de obras de un particular. O una vecina de la urbanización Pinada del Río, en Tibi, que lleva más de dos años sin los servicios municipales obligatorios de agua potable, alumbrado y aceras por culpa del urbanizador. "El constructor vende las edificaciones a terceras personas sin haber terminado la urbanización y, por tanto, sin que el Ayuntamiento pueda recibir las obras y dar de alta los servicios", describe la Sindicatura.

En el capítulo de quejas por la vivienda, el grueso tiene que ver con la dificultad para conseguir una casa de protección pública, así como el mal estado de "algunos pisos" propiedad del Instituto de la Vivienda de la Generalitat o de los desahucios administrativos declarados por este organismo público.