Peralta ordenó la "intervención mínima estricta" en El Cabanyal
Una decena de personas ha presentado ya denuncia por la carga policial
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana asegura que ordenó "la intervención mínima estricta para controlar el orden público" en el barrio de El Cabanyal, que terminó con una carga policial contra los vecinos que intentaban paralizar los derribos de media docena de viviendas, ordenados por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
El Gobierno investiga las razones de la brutal carga policial que tuvo lugar hace una semana contra los vecinos que trataban de impedir el derribo de una vivienda en la calle de Francesc de Eximenis del barrio valenciano de El Cabanyal. A raíz de los incidentes, al menos diez personas han presentado ya denuncia en los juzgados por los golpes que sufrieron en la carga de la Policía Nacional. La plataforma Salvem el Cabanyal ha denunciado de momento a la Policía Local y tiene previsto hacer lo mismo con la Nacional cuando recoja todas las denuncias individuales.
"No se podían permitir actuaciones de tomarse la justicia por su mano"
El informe elaborado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que dirige Ricardo Peralta, argumenta que "en ningún momento se impidió la concentración o la expresión de la voluntad disconforme con los derribos".
"Sólo se actuó en la medida en la que se trataba de impedir unos derribos no declarados ilegales y con el carácter mínimo imprescindible para permitir dicha actuación", recalca el informe remitido al Ministerio del Interior, que insiste en que "no se podían permitir actuaciones de tomarse la justicia por su mano e impedir los derribos".
El escrito defiende la coherencia de la actuación y niega que existiera ninguna colaboración en la ejecución de la orden de derribo de las seis viviendas de El Cabanyal afectadas, sino que se actuó ante "la posible existencia de un problema de orden público".
Para la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, dado que esas órdenes de derribo no habían sido declaradas ilegales en ese momento por ningún tribunal, no era posible impedir la ejecución por la vía de los hechos.
La argumentación elaborada por la representación del Gobierno en la Comunidad Valenciana insiste en que no se ha colaborado en la destrucción del barrio de El Cabanyal. El escrito remarca que se han impugnado los derribos concretos de los que se ha tenido conocimiento.
Para la Delegación del Gobierno, los derribos que motivaron la carga policial fueron posibles por la coexistencia de dos normas: una orden del Ministerio de Cultura que deja en suspenso el plan de El Cabanyal por considerarlo un expolio al patrimonio y la aprobación de un decreto ley de la Generalitat valenciana -convertido en ley por las Cortes Valencianas- que permitía ejecutar el plan urbanístico con los derribos previstos. Esta última normativa es la que ayer suspendió con carácter provisional el Tribunal Constitucional.
Para la Delegación del Gobierno, que dirige Ricardo Peralta, el centro del debate en El Cabanyal no está en el enfrentamiento entre los vecinos y los agentes de la Policía Nacional, sino en la "voluntad contumaz" del Ayuntamiento y la Generalitat de ejecutar los planes urbanísticos en el barrio marinero.
