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Perder la vida (política) por un PAI

ARTUR BALAGUER - Benidorm - 20/04/2009

 
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El alcalde de Sella, Vicente Mas, se ha visto obligado a encadenar su dimisión como alcalde el pasado 30 de marzo y la renuncia como concejal, que será efectiva en el pleno extraordinario del miércoles que viene, para poder aprobar el Plan Parcial 1 Saleres, donde se construirán 180 viviendas en la urbanización llamada Sella Hills, en la que tiene una parcela de unos 4.000 metros cuadrados. El 15 de abril tomó posesión de la alcaldía Natalia Hernández para sustituir a Vicente Mas, pero el primer asunto que ha tenido que lidiar la nueva alcaldesa es la renuncia de su predecesor, cursada por escrito el día siguiente. Hernández y Mas estuvieron arropados por la cúpula de la dirección provincial del partido, con José Joaquín Ripoll, Mónica Lorente y Gema Amor a la cabeza, o los alcaldes de Benidorm, Finestrat y La Vila Joiosa, entre otros.

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La renuncia del ahora concejal Mas, oficialmente por motivos de salud, obedece a las mismas razones por las que dimitió de alcalde. El PP-1 de Sella ha concluido el proceso de reparcelación, que necesita ser aprobado en sesión plenaria. Pero tanto Mas como otro concejal del PP sobrino suyo tienen suelo en el plan parcial y podrían ser recusados por la oposición si intentaran votar. El PP tiene 4 concejales, y el PSOE 3. Vicente Mas traspasó la vara de mando para trasladar el voto de calidad a otro concejal que pudiera deshacer el empate en la votación, pero la recusación de otro regidor los dejaría en minoría sin poder concluir la tramitación del PAI que dará paso al inicio de las obras de urbanización. La renuncia al acta de Mas permitirá que el concejal entrante, Vicente Díaz, poder votar sin reparos y la alcaldesa hará valer su voto de calidad para aprobar el plan parcial. El plan de Saleres, Sella Hills SL, fue comprada por el presidente del Elche C.F., José Sepulcre, y tiene litigios pendientes con propietarios que firmaron con el anterior dueño de la mercantil, formalmente un ciudadano británico, documentos privados que ahora no reconoce el urbanizador.


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