Pérez Fenoll y Amor impiden que Benidorm pida un préstamo al ICO

El PP y el Centro Democrático Liberal (CDL) sumaron ayer sus fuerzas para impedir que el pleno del Ayuntamiento de Benidorm pudiera aprobar la solicitud de un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 2,8 millones de euros para pagar deudas con los proveedores, algunas arrastradas desde el año 2005.

Tanto el PP como el CDL, que suman 14 concejales, frente a los 11 del PSPV, y ya han comenzado a negociar la presentación de una moción de censura, se opusieron esgrimiendo un informe contrario del departamento de Tesorería e innumerables ejemplos del supuesto despilfarro del alcalde, Agustín Navarro.

El tesorero advierte en su informe de que en caso de aprobarse el crédito ICO, "el pago del capital e intereses pondrá en serio riesgo la atención periódica de los gastos preferentes de personal y la amortización de capital e intereses de los préstamos, a corto y largo plazo, suscritos en la actualidad por el Ayuntamiento".

La concejal de Hacienda, Natalia Guijarro, reconoció que desde octubre de 2010 Benidorm solo puede pagar los vencimientos bancarios y las nóminas porque, en la actualidad, el Ayuntamiento todavía tiene que devolver casi 80 millones de euros de los 92 que llegó a deber a los bancos en agosto de 2009, cuando aprobó un plan de saneamiento que ha incumplido por la caída generalizada de los ingresos.

El portavoz del PP, Toni Pérez, desgranó una larga lista de lo que al parecer de su grupo significa un mal uso de los recursos públicos y puso como ejemplo del derroche de los socialistas el desfase de tres millones de euros que generaron en el capítulo de personal solo en 2010. El edil del CDL Juan Vicente Ivorra reclamó al Gobierno local un plan con medidas estructurales severas, recortes en materia de personal y la renegociación de los contratos con las empresas concesionarias para obtener la liquidez necesaria que permita solventar las deudas con sus acreedores.

Por otro lado, un piquete de trabajadoras en huelga de la empresa Aser, concesionaria municipal de la asistencia domiciliaria de Benidorm, consiguió reventar el pleno. Los 50 empleados de Aser iniciaron una huelga de 12 días el 21 de este mes porque la empresa no les ha pagado desde agosto escudándose en que el Ayuntamiento le debe 335.000 euros, cantidad que el Gobierno local rebaja a 180.000. Además, el Consistorio asegura que no paga porque Aser debe unos ocho millones a Hacienda y la Seguridad Social y tiene las cuentas embargadas. Esta situación provoca que cualquier abono por el servicio que presta en la ciudad sea confiscado por ambos organismos y no repercuta en los empleados.