Pirotecnia victimista
La mascletà iba cargada de pólvora. Intromisión, extralimitación, ataque injustificable, ejercicio arbitrario, orgullo de las instituciones, Gobierno antipatriota... En el calor del debate, el portavoz y consejero Rafael Blasco llegó incluso a presumir de sacrificio antifranquista ante el socialista Ángel Luna, que sabe tan bien como él lo que fue ser detenido durante la dictadura. Se trataba de hacer ruido en un ejercicio que la portavoz de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, describió gráficamente como "una representación política que utiliza el plural para defender otros intereses". El plural es el de los valencianos, el del pueblo, el de las instituciones, las competencias y el autogobierno. Por eso, la oposición recriminó al PP su "concepción populista y plebiscitaria" de la política. Pero, ¿cuáles son los intereses inmediatos, más allá del objetivo de "comunicación" que Mònica Oltra atribuyó al espectáculo y de la expectativa de negocio urbanístico que se mueve en las entretelas?
"No discutimos en absoluto la competencia del Estado frente a la expoliación del patrimonio", puntualizó Juan Cotino. Y Blasco reiteró: "Respetaremos las decisiones de las instancias judiciales". ¿Entonces? Luna, con su didactismo, recordó que, en una democracia representativa, las mayorías electorales no permiten ignorar los límites que imponen la Constitución y la legalidad vigente y que forma parte del juego democrático que las administraciones aclaren en los tribunales sus conflictos de competencias. Pero, según Blasco, en el conflicto de El Cabanyal hay "un problema político de fondo", que no es otro que el hecho de que "un Gobierno socialista ha vulnerado de forma clara y contundente las instituciones de autogobierno y la autonomía municipal". Lo que vuelve a cerrar el círculo.
En realidad, Rita Barberá, Francisco Camps, Cotino y Blasco son conscientes de que el plan del Cabanyal se les ha ido de las manos. Desde el punto de vista judicial, es una guerra perdida. De ahí la insistencia del vicepresidente del Consell en que el Gobierno retire el recurso ante el Tribunal Constitucional. Una condición sin contrapartida que permitiría el "diálogo" en una comisión bilateral Estado-Generalitat cuya convocatoria renunció a solicitar el Consell cuando dictó el decretazo contra la protección patrimonial del sufrido barrio marítimo. Con buena voluntad, Marga Sanz apuntó que, si ha de haber diálogo, pasa por que Barberá retire el PEPRI del Cabanyal. Sería sensato. Pero lo que busca desesperadamente el PP es salvar el plan de Barberá. Mientras, la pirotecnia victimista camufla una derrota.
