Policía y Guardía Civil detienen a más de 340 personas por falsificar papeles
Son verdaderos profesionales en la falsificación de documentos oficiales, conocen la técnica y saben el valor de cada documento. Este año más de 340 personas han sido detenidas, tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil en la provincia de Alicante, como presuntos autores de delitos relacionados con la falsificación de documentos y la usurpación de datos personales.
La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante, en diversas operaciones, detuvo hasta junio a 250 personas, de las que 188 se les atribuye un delito de falsedad documental.
Según la Policía los arrestados formaban parte de grupos organizados "perfectamente estructurados y jerarquizados donde cada uno cumplía una función", en un primer escalón estaban los empresarios que vendían contratos o nóminas sin que existiese relación laboral real con los compradores.
Luego estaban los profesionales de la tramitación de contratos y otro tipo de documentos mercantiles (abogados y gestorías) y, en un tercer escalafón, los intermediarios que captaban los clientes extranjeros a cambio de una comisión. "Se han profesionalizado mucho, la crisis provoca que sean más audaces en la estafa", dice la Policía.
Los compradores de documentación falsa pagan cantidades que oscilan entre los 500 y 3.000 euros y obtienen un beneficio de un millón de euros. Tras captar a los clientes, los empresarios vendían los contratos o las nóminas siendo inexistente cualquier tipo de relación laboral, con la finalidad última, en algunos caos de obtener o renovar los permisos de residencia o trabajo en España, y en otros para acceder a préstamos o subvenciones de la Administración.
El último golpe a una banda de estas características se dio esta semana con la detención de 22 personas, 9 de ellas en Alicante, que amañaban matrimonios entre nigerianos y ciudadanos españoles. A principios de septiembre agentes de la Policía Nacional detuvieron a 15 personas, incluidos los dos dirigentes, un español de 54 años y una dominicana de 28 años, que se dedicaban a la venta de contratos laborales falsos por los que cobraban s 700 y 1.300 euros.
