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Promotores de VPO de Castellón exigen hasta un 40% más del precio permitido

Compradores afectados han presentado denuncia a través de la Unión de Consumidores

María Fabra

Compradores de viviendas de protección oficial (VPO) en Castellón se han visto sorprendidos por sobrecostes de hasta un 40% que los promotores les han reclamado en relación con el precio máximo permitido legalmente. En esos casos, los vendedores alegan mejoras en los pisos para justificar sus exigencias. La Unión de Consumdores ha recibido diversas quejas en ese sentido y ha tramitado una denuncia conjunta de 14 familias que se han visto afectadas por el fraude en la venta de lo que se supone que son viviendas de protección oficial.

"Este caso es sólo la punta del iceberg", dice la Unión de Consumidores

R.N. y M.C.M. tienen 26 y 27 años, respectivamente, y hace dos encontraron la manera de vivir juntos y dejar el domicilio paterno: una vivienda de protección oficial. Lo que nunca pensaron es que acabarían en las oficinas de la Unión de Consumidores denunciando un sobrecoste después de que la promotora les hiciera pagar por unas "mejoras" impuestas. "Mejoras" que, además, según alegan, se encontraban, en algunos casos, incluidas en la memoria de calidades de la promoción.

Los dos trabajan y, después de dar muchas vueltas y descartar en varias ocasiones la posibilidad de vivir juntos ante los precios de las viviendas libres, un familiar les advirtió de una valla promocional que ofertaba VPO. Después de varias visitas a la caseta publicitaria el comercial les dijo que les apuntaba, pero que antes que ellos "había 200 personas", explica R.N., quien prefiere guardar el anonimato ante el temor de alguna posible represalia. Aún así, y dada su insistencia, les propusieron que, en un plazo de 24 horas, aportaran cerca de 12.000 euros en concepto de reserva y que el piso sería suyo. Dicho y hecho. No había planos, pero sí precio, asegura R.N., quien es consciente de que aceptó tanto las mejoras impuestas como el coste de la adquisición de la parte proporcional de un local común. "Si no me lo quedaba yo, venía otro detrás", señala. Cuando en octubre de 2006, por fin, se trasladaron a vivir a su nueva casa, comenzaron los contactos con los vecinos y, entre ellos, la conciencia de haber asumido un sobrecoste que superaba los límites establecidos para viviendas de protección oficial.

Éste es sólo uno de los casos. En la misma situación que R.N y M.C.M. se encuentran hasta 14 familias que adquirieron un piso en la misma promoción y que, de forma agrupada, han presentado una denuncia administrativa a través de la Unión de Consumidores de Castellón. Para el portavoz de esta organización, Juan Carlos Insa, "este caso es sólo la punta del iceberg". En esta ocasión, los aumentos sobre el precio de los inmuebles han hecho que el coste de las VPO se vea elevado hasta en un 40%. De hecho, ayer mismo denunció otro ejemplo en el que el afectado ha de costear el pago de una segunda plaza de garaje, un porcentaje de un local común y otras mejoras que ascienden a un total de 40.000 euros, que se unen a los 110.000 euros que fue el precio en el que se tasó su vivienda. La Unión de Consumidores lucha por que se sancione a los promotores que aplican un sobrecoste, insta a los vecinos a denunciar y pelea para que se les devuelva el dinero que supera el límite legal.

En cualquier caso, Insa apuntó que, hasta abril de 2005, la normativa permitía incrementar el precio de tasación por conceptos como las mejoras. Aún así, mantiene que ha existido una excesiva "tolerancia" a la hora de controlar estas conductas, ya que los promotores privados de VPO reciben ayudas de la Administración por la puesta en el mercado de este tipo de viviendas. La norma es ahora más restrictiva y lo que antes podía ser legal pero, a su juicio, "no moral", ahora no está permitido. Tal como señala el portavoz de la Unión de Consumidores, esa fecha coincide con una reducción en la promoción privada de VPO. "No sé si es casualidad pero, en cualquier caso, es muy significativo", apuntó Insa.

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En los últimos siete meses de 2006, los servicios de Inspección de la Vivienda detectaron cerca de 600 infracciones en VPO en la Comunidad Valenciana. De todas ellas, el 10% se refería a la venta por precios superiores a los permitidos legalmente.

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