Protestas sindicales al confirmarse el relevo de director del colegio de Almoines

Los sindicatos educativos anunciaron ayer movilizaciones contra la política educativa de la Generalitat después de que la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, confirmara que no tiene intención de reconsiderar su decisión de no renovar en el cargo al actual director del colegio público El Castell de Almoines, Joan Baptista Malonda, a pesar de que cuenta con el apoyo unánime del Consejo Escolar y AMPA y de su trayectoria, que ha valido al centro numerosos premios.

Unos 30 sindicalistas del STEPV, ANPE, AFID y CAT iniciaron ayer un encierro en las dependencias de la Consejería de Educación para manifestar su apoyo a Malonda. Para los sindicatos, la decisión de la Generalitat es una clara "persecución política" contra la dirección de un centro escolar que ha sido "un símbolo y un modelo educativo" para los movimientos de renovación pedagógica, denunciaba Marc Candela, del STEPV. El colegio de Almoines fue uno de los primeros centros en aplicar la enseñanza en valenciano y su trayectoria ha sido reconocida, entre otros, por premios como el Baldiri Rexach, el Premi Melchor Botella a la Renovació Pedagògica, y la Creu de Sant Jordi que concede la Generalitat de Cataluña.

La decisión del Consell de no prorrogar a Malonda y a su equipo en la dirección del centro ha provocado un aluvión de protestas. Primero por parte de los padres de alumnos, que renovaron su confianza en el director, y por extensión entre numerosos colegios públicos de la Comunidad Valenciana, sindicatos educativos, asociaciones de profesores y partidos políticos.

Ayer, Concha Gómez confirmó a los representantes sindicales que la Generalitat no tiene intención de reconsiderar su postura. Los sindicatos han anunciado movilizaciones para involucrar a toda la comunidad educativa y exigir "un modelo de escuela pública democrática frente al modelo autoritario que quiere imponer el Gobierno del PP", con ejemplos como la resolución, aprobada el pasado octubre, que deja en manos de la Generalitat las prórrogas de directores, o la obligación de impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés.