"Rajoy prolongará Blasco Ibáñez"

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fía el proyecto de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar sobre El El Cabanyal a una victoria del PP en las elecciones generales tras dar por perdida su batalla contra el Gobierno español. La alcaldesa no hizo ayer ninguna referencia al pleito judicial, después de que el Gobierno decidiese interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional que recurre el decreto ley del Consell que desprotege urbanísticamente El Cabanyal. El recurso, que alerta del riesgo de expolio si se destruyen los 450 edificios del barrio marinero de Valencia, implica la paralización del proyecto impulsado por el PP hace más de una década y que al día de hoy sigue sin ejecutarse por la oposición vecinal.

Una vez se levanten las actas esta semana, las casas serán demolidas

"La garantía para hacer el proyecto es que gane el PP", dijo Barberá, que confesó que había hablado telefónicamente con Mariano Rajoy y que éste le había asegurado que si logra gobernar "tendremos al Gobierno apoyando el plan de El Cabanyal".

Barberá recurre a Rajoy después de que las dos intervenciones extraordinarias del Consell, auspiciadas por la alcaldesa, no hayan servido para contrarrestar la declaración de expolio patrimonial del Ministerio de Cultura.

La munícipe aprovechó la ocasión para descalificar la multitudinaria manifestación de vecinos que el domingo recorrió el barrio para pedir que se rehabilite la zona y se proteja el patrimonio arquitectónico. Para Barberá, tan solo se trató de una manifestación de toda la izquierda contra el PP. Los populares parecen confiar más en la fuerza de las urnas que en los tribunales para lograr su plan urbanístico.

En este contexto, el PP se esforzó por intentar desvirtuar la multitudinaria manifestación que reunió a miles de familias en favor de la rehabilitación de El Cabanyal. El secretario general del PP, Antonio Clemente, volvió a presentar la manifestación como una protesta realizada por personas de otras autonomías. La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, se refirió a la prolongación como un "empeño personal" de Rita Barberá, "que no ha invertido en el barrio desde hace mucho tiempo".

La cobertura informativa que ofreció Canal 9 de la marcha del domingo desató otra tormenta en el ente. La oposición y los sindicatos acusaron al canal autonómico de "manipulación informativa". Según CC OO, "fue un ejercicio de servilismo a las instituciones gobernadas por el PP y de menosprecio a las opiniones críticas". Dieron con ello por enterradas las promesas de pluralidad dadas por el director general de RTVV, José López Jaraba, informa Lydia Garrido.

La Intersindical criticó el apagón informativo que los informativos hicieron de los partidos de la oposición. También UGT censuró la actuación del ente. "Una manifestación de miles de ciudadanos se escondió en el informativo, se destacaron los aspectos más irrelevantes para construir una identificación globalizadora basada en que los valencianos están con el PP, mientras que los movimientos de izquierdas son identificados con los foráneos y enemigos de los valencianos", dijeron. Amadeu Sanchís, de EU, pidió el cese de la cúpula directiva del ente "por el fracaso de la política informativa de Canal 9", que calificó "de auténtica vergüenza"

Indiferente a la batalla que se libra en los tribunales y a las miles de personas que se unieron a la manifestación del domingo, la sociedad Cabanyal 2010, encargada de ejecutar el Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI), inició ayer el levantamiento de las actas de pago y ocupación de las casas afectadas por las licencias de derribo aprobadas a finales de 2009 por el gobierno local de Rita Barberá en las calles de San Pedro y Luis Despuig, en pleno Cabanyal-Canyamelar. Las oficinas de Cabanyal 2010 aparecieron el pasado domingo con pintadas y un cristal roto. Actos vandálicos que la plataforma Salvem El Cabanyal condenó públicamente.

El primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, asegura que una vez se levanten todas las actas de ocupación, las casas serán demolidas.

Ayer fueron citados los primeros ocho propietarios y todos acudieron a la Junta Municipal del Marítimo, según un portavoz oficial de Ayuntamiento. "No sé si han firmado o no las actas de ocupación, pero sí han acudido", agregó el portavoz. Salvem El Cabanyal aconsejó la semana pasada que los afectados no acudieran, pues el recurso anunciado por el Gobierno paralizará al menos cinco meses el PEPRI.