Rambla: "Somos víctimas de la situación"

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, hablaron ayer por primera vez de la trama de corrupción que salpica al PP en Madrid y que tiene su derivada en la Comunidad Valenciana a través de la empresa Orange Market. Camps aprovechó el acto de colocación de la primera piedra de la estación depuradora de aguas de L'Alacantí Sur para señalar que el Consell "tiene la suerte y la tranquilidad de hacer las cosas siempre bien, toda la vida".

El vicepresidente Rambla, en declaraciones a este periódico, aseguró que el Gobierno valenciano se siente "víctima de una situación" que tiene su origen en Madrid por razones que desconoce. El portavoz del Consell redujo toda relación mercantil del Ejecutivo con Orange Market a la adjudicación del pabellón de Fitur y al acto inaugural de la Volvo en Alicante. "Que yo sepa", afirmó, "no se le ha adjudicado ni una sola campaña de publicidad a la empresa de Álvaro Pérez desde Presidencia".

Rambla, sin embargo, no pudo justificar porqué el Gobierno se ha negado a contestar, desde 2005, las preguntas formuladas por el diputado socialista José Camarasa sobre Orange Market. El vicepresidente negó haber mantenido ninguna reunión con Francisco Correa, como director general de la campaña del PP en las autonómicas de 2007, pese a lo que el jefe de la trama manifiesta en unas conversaciones grabadas por orden del juez Garzón.

Preguntado por si la dirección nacional de su partido no les había advertido de que las empresas de Correa habían dejado de prestar sus servicios para el PP en 2004, aseguró: "Si nos hubieran dicho cualquier cosa [Álvaro Pérez] dura cinco minutos".

Camps insistió en la "tranquilidad absoluta" que existe en el seno de su Gobierno y no quiso pronunciarse sobre los informes en los que la Sindicatura de Comptes llama la atención sobre Special Events y Orange Market por incumplir la obligación de comunicar los trabajos realizados en las campañas electorales del PP. Camps se refugió en su condición de presidente de la Generalitat para decir que ésta se encuentra sometida "a una fiscalización técnica y jurídica de la Sindicatura" y que colaborará plenamente con la justicia.