Recortes y derroches
El fin de semana ha venido marcado por el inicio de la cascada de recortes que a todos los niveles, estatal, autonómico y local, nos aguardan en los meses que tenemos por delante. Y como es habitual entre nosotros, las noticias sobre el estado de las cuentas públicas han venido acompañadas de la frecuente exhibición, tan española, de ignorancia en materia de números, cuando no, directamente, de la decidida voluntad de ignorarlos para buscar refugio en el siempre confortable y tranquilizador lugar común.
Como es sabido, en España tenemos un problema de déficit público derivado de que nuestra economía burbujística, tan boyante en los años ye-ye, ha habituado a nuestro sector público a gastar bastante más de lo que ingresa tras la caída de la recaudación. Toca recortar y, claro, al margen de subir algún impuesto e incluso pretender que la presión fiscal se relacione remotamente con la distribución de riqueza entre los ciudadanos, los derroches de años pasados están en el punto de mira. Sobre todo, como nos repiten machaconamente, los de las Comunidades Autónomas, esos entes irresponsables que, una vez más, nos han contado este fin de semana, han fastidiado el objetivo de déficit público para 2011.
Si alguien se toma la molestia de mirar los números publicados por el propio Estado y hacer cuatro restas y sumas, sin embargo, el panorama cambia un poquito. Porque si nos remontamos a 2007, cuando la deuda pública española empieza a crecer tras haber hecho suelo en 380.000 millones de euros, y tenemos en cuenta que en la actualidad ronda los 700.000 millones, es fácil concluir que la hemos incrementado en apenas 4 años en 320.000 millones de euros. ¿Cuántos de esos millones de euros corresponden a deuda autonómica? Pues según los datos del propio Estado, "sólo" unos 60.000 millones de euros. Una cifra que permite dibujar un panorama divertido, en el que los "irresponsables" derrochadores han incrementado la deuda en una proporción de 6 por cada 26 de aumento por parte de nuestro "responsable" Estado. Es cierto que parte del agujero estatal, unos 50.000 millones, viene del incremento del gasto en prestaciones de desempleo y que otra parte es debida a la rebaja de la recaudación fiscal, pero esta última también afecta a unas autonomías que, conviene recordarlo, asumen la prestación y el pago de servicios como la sanidad y la educación, que consumen gran parte del gasto público (de hecho, casi el 80% del gasto autonómico).
¿En qué ha gastado nuestro prudente y responsable Estado tanto dinero mientras las manirrotas Comunidades Autónomas derrochaban en educación y sanidad? Pues en rebajas fiscales de todo tipo y prestaciones no ligadas a la renta como el cheque-bebé o la famosa deducción de los 400 euros, por no mencionar el dinero sabiamente invertido en cambiar aceras. En total estas medidas han supuesto un incremento del déficit equivalente al de toda las deuda autonómica del período. Además, y mientras tanto, el Estado ha seguido construyendo AVEs a todo tren o comprando carros y aviones de combate o fragatas de última generación para defendernos del enemigo.
Obviamente, las Comunidades Autónomas, como todos, pueden gastar mejor, e incluso mucho mejor, pero estaría bien empezar a poner recortes y derroches en sus justos términos y números. Trampas al solitario, las justas.
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