Recursos, denuncias y protestas de los sindicatos

Las medidas arbitradas en el decreto ley con el que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pretende reducir el déficit desencadenaron ayer la indignación unánime de los sindicatos. Un enfado que se sustanciará en varias protestas, en una manifestación para el 26 de enero, en recursos contra la norma y hasta en una denuncia ante el fiscal.

Las cinco principales centrales sindicales, CC OO, CSIF, FSES, Intersindical y UGT se reunieron ayer y lograron un acuerdo que aglutina sus quejas. Y estas se sustanciarán a partir de este mismo viernes 13 de enero con concentraciones de cinco minutos en todos los centros de trabajo del sector público. También habrá concentraciones de una hora todos los jueves a partir del día 19. Y para el jueves 26 de enero se han convocado manifestaciones en Valencia, Alicante y Castellón bajo el lema: "No a los recortes de los servicios públicos, depuración de responsabilidades del Consell". Además, las cinco centrales exigen la retirada del decreto ley y han solicitado una reunión con Fabra.

UGT lleva al fiscal la gestión del PP y pone el ejemplo de Islandia y Ucrania

Ya ayer, el sindicato de interinos de la Generalitat (Igeva) convocó a 200 funcionarios a un encierro en la Consejería de Hacienda. Su portavoz, Alfonso Puncel, explicó que dieron por concluida la protesta al ver que no les iba a recibir el consejero José Manuel Vela.

Además, UGT-PV presentará una querella ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el supuesto uso indebido de los fondos públicos por parte del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, al que responsabiliza del elevado endeudamiento de la Administración autonómica. "A la Generalitat alguien la ha metido en un agujero y tendrá que hacerse responsable", afirmó el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT-PV, Guillermo Martí. El sindicato recuerda que la medida va en línea con las manifestaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de exigir responsabilidades a las comunidades que no hayan hecho un buen uso de sus recursos.

UGT se apoyará en su exigencia judicial de responsabilidades en los procesos abiertos contra la ex primera ministra de Ucrania Yulia Timoshenko, condenada a siete años de prisión por abuso de poder y corrupción, y al exjefe del Gobierno de Islandia Geir H. Haarde, acusado de una actuación negligente en el colapso bancario que sufrió el país en octubre de 2008.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) anunció un recurso contra el decreto por "invadir competencias del Estado", ya que el recorte afecta al Estatuto Básico del Empleado Publico, que tiene rango estatal.