De la Rúa denuncia maledicencias y presiones ante su independencia

"No vamos a caer en el desánimo, por muchas que sean las dificultades que podamos encontrar en el camino". Ese fue el principio del final de la intervención que ayer hizo el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, en el acto de apertura del Año Judicial. Para el momento del cierre, el aforo ya había percibido que el tono acelerado e irritado era manifiesto. Y concluyó: "La Justicia y nuestros ciudadanos bien merecen el mayor esfuerzo. Siempre ajenos a todo tipo de presiones e incluso de maledicencias". De la Rúa se defendía así de las críticas recibidas por su actuación en el caso Gürtel. Un cerrado y prolongado aplauso de los presentes, la mayoría de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), acogió las palabras de De la Rúa.

Ayer, entre los ausentes, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Se excusó con una reunión inaplazable con el Alto Consejo Consultivo de la I+D+i. El presidente, que dijo de De la Rúa públicamente que era su "más que amigo", no pudo acudir al acto y se ahorró una fotografía cada vez más indeseada por ambas personalidades. De la Rúa firmó el sobreseimiento libre de la parte de la trama Gürtel que investigó la justicia valenciana. E ignoró el informe de la policía que recoge una posible financiación irregular del PP valenciano a través de empresas de dicha trama corrupta.

Camps envió en representación del Gobierno autonómico a Paula Sánchez de León, consejera de Justica y Administraciones Públicas, y portavoz del ejecutivo autónomo. Pero no le hicieron sitio en la mesa presidencial. En los años precedentes, Camps estuvo sentado en la misma mesa que los miembros del poder judicial, sobre el escenario de la sala. Cuando en 2006 y en 2003 no acudió, y lo hicieron en su nombre los respectivos consejeros, también ocuparon plaza en la escena. De hecho, solía ocurrir que eran los miembros del CGPJ los que se quedaban en las butacas. Ayer, la estética fue distinta: ninguno de los políticos subió al estrado. El gobierno autonómico, que siempre había tenido su tiempo de discurso, ayer guardó silencio.

Jueces para la Democracia (JpD) envió en días pasados una carta a De la Rúa y otra a Camps pidiéndoles que no politizaran el acto, que no convirtieran una cita solemne del poder judicial en un espacio de crítica política al Gobierno central y de loa al autonómico. Y ayer no hubo referencias directas por parte de ninguno de los intervinientes en ese sentido. Eso sí, De la Rúa, en su discurso, insistió en las necesidades más urgentes, la mayoría responsabilidad del Gobierno central. E hizo escasas menciones a medios materiales, formación de funcionarios, ampliación de las plantillas o mejora de las dotaciones más precarias, todo ello responsabilidad de Francisco Camps.

Además de De la Rúa, intervinieron Ricard Cabedo, fiscal superior de la Comunidad Valenciana, y Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ. El primero repasó los datos más importantes del pasado ejercicio y destacó el descenso en un 5,28% de los asuntos penales. De Rosa, destacó el trabajo de modernización de la justicia que desarrolla el CGPJ y que, afirmó, se sustenta en tres premisas: aprovechamiento de las nuevas tecnologías; reducción del propio tamaño del sistema judicial; y reforma de la planta judicial. Sin olvidar, apuntó, la necesidad de incorporar procedimientos alternativos a los judiciales, como la conciliación, la mediación y el arbitraje.

Antes del acto, Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ mantuvo un encuentro con los medios. Según dijo, la radiografía de la situación de la justicia en la Comunidad Valenciana es casi de colapso y no ha recogido, como en el resto de España, una cierta estabilidad en los órdenes mercantil, social y civil. Sobre el concurso para la presidencia del TSJ, Bravo afirmó que la voluntad del CGPJ es premiar "los méritos y capacidades".