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San Miguel de Salinas permite construir 300 viviendas en una zona inundable

La Confederación impugna el proyecto porque ocupa 70.000 metros de dominio público

El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, gobernado por el PP, autorizó el proyecto de urbanización de un PAI al norte del casco urbano, pese a la advertencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de que la iniciativa invadía una zona inundable y de dominio público hidráulico. La CHS considera que el PAI ocupa unos 70.000 metros cuadrados públicos y ha iniciado el trámite de deslinde, extremo que acarreará reducir en 300 las 1.600 casas previstas. La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel también ha recurrido el plan a los tribunales.

Un estudio hidrológico advierte del riesgo de avenidas en un área del plan en plena rambla

El plan parcial Los Invernaderos ocupa en total 500.000 metros cuadrados, de los cuales unos 70.000 invaden un tramo de la cañada de La Escribana. El programa, que prevé levantar 1.600 viviendas en bloques de cuatro alturas, fue autorizado en septiembre de 2004 por el Consell. En ese momento, la Confederación aún no se había pronunciado sobre la titularidad pública o privada de ese tramo del cauce de la rambla. No obstante, con posterioridad, en 2005, la CHS comunicó al Ayuntamiento que parte del sector invadía suelo público. Pese a ello, el Consistorio siguió adelante y autorizó el proyecto de urbanización y reparcelación del plan parcial. En la actualidad, la promotora, la firma Fincas Altabix, ya ha levantado, un bloque de viviendas de la futura urbanización.

La decisión del Consistorio de seguir adelante con el proyecto tuvo su réplica en un recurso contencioso-administrativo de la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel, al que más adelante se sumó la CHS.

A instancias del juzgado, la Confederación realizó un informe hidrológico sobre las consecuencias y riesgo de construir en esa zona de la cañada de La Escribana. El documento señala que el plan Los Invernaderos se sitúa aguas abajo del punto de intersección del canal del postrasvase con el cauce de la cañada de La Escribana. El canal cruza el cauce mediante un terraplén. En ese punto, según el estudio, se puede generar un "efecto presa" y generar episodios de avenidas. "A la vista de los resultados del estudio anterior procedan, en su caso, a revisar la ordenación prevista y a la adopción de las medidas estructurales necesarias para eliminar el riesgo de daños catastróficos y daños materiales de consideración", advierte la Confederación en sendos escritos remitidos el pasado mes de febrero tanto al Ayuntamiento de San Miguel como a la Generalitat.

La Confederación, tras verificar que esos 70.000 metros cuadrados son de dominio público hidráulico, inicio el pasado 24 de agosto la incoación del expediente de deslinde de los terrenos públicos y privados en ese tramo del plan parcial que afecta a la cañada de La Escribana. La resolución del procedimiento de deslinde traerá como consecuencia la consideración de los terrenos afectos como suelo no urbanizable de protección y su deducción del aprovechamiento urbanístico del plan y, por tanto, la consiguiente disminución del índice de edificabilidad del sector, que perdería 300 de las 1.600 casas programadas.

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