Sanidad mejora las condiciones a la gestión privada de hospitales públicos

Primero fue el hospital de La Ribera, en Alzira. Luego el de Dénia. Y en el verano que acaba de expirar, en pleno agosto, fue el de Manises. La Consejería de Sanidad ha cambiado las condiciones por las que cedió a empresas privadas la gestión de la sanidad pública en estas localidades. Y el cambio no ha sido precisamente en contra de los intereses de estas firmas adjudicatarias.

El modelo sanitario impulsado por el PP consiste en delegar en empresas privadas la responsabilidad de la atención médica de ciudadanos de la red pública de determinadas comarcas o departamentos de salud. A través de un contrato, la empresa adjudicataria se compromete a cubrir los cuidados sanitarios de un determinado número de personas (entre 250.00 y 155.000, depende de los casos), a cambio de cobrar una cantidad fija por cada una de ellas (572 euros en Alzira en 2008) que paga la Generalitat.

"El único bloqueo es el que hay en el PSPV", replica David Serra

En este acuerdo suelen entrar otras contraprestaciones (reformas de centros sanitarios, extensión de la población cubierta, tiempo de duración de la concesión) que la Administración y la adjudicataria se comprometen a cumplir. Una vez firmado el acuerdo, sobre la Generalitat recae la tarea de control para que se cumplan las condiciones del contrato, aunque la Administración valenciana no ha tenido mayor problema en cambiar las reglas de juego sobre la marcha hasta en estas tres ocasiones.

Manises ha sido el último ejemplo. A mitad de agosto, sin dar tiempo ni siquiera a que se cumplieran los dos meses de la puesta en funcionamiento del centro, la Consejería de Sanidad comunicó un aumento de 22 millones de euros en el canon que recibe anualmente la empresa que gestiona el centro (participada por la aseguradora Sanitas y Ribera Salud, una entidad integrada por Bancaixa y la CAM).Sanidad decidió ampliar la población asignada a la empresa concesionaria del hospital de Manises al añadir Mislata a las localidades de Buñol, Alborache, Macastre, Yátova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Turís, Godelleta, Riba-roja, Loriguilla, Aldaia y el Barrio del Cristo. De esta forma, a los 145.000 vecinos inicialmente previstos en el contrato se sumaron otros 45.000 más y la cantidad a recibir anualmente por parte de la Generalitat pasó de 72 a 94 millones.

La consejería apunta que esta modificación obedece a la reestructuración que está provocando el nuevo diseño del mapa sanitario de la ciudad de Valencia ante la futura puesta en marcha del nuevo hospital La Fe. De momento, la concesionaria ha salido ganando al sumar un mayor número de población con un hospital dimensionado para menos actividad. "Aún no están especificadas las contraprestaciones que deberá realizar la concesionaria", indican fuentes del departamento que dirige Manuel Cervera, que señalan "irán encaminadas a inversiones en atención primaria o una modificación de la cuota que reciben por paciente".

En Dénia, la Generalitat está llevando a cabo la reforma del antiguo hospital que, según el contrato de gestión, correspondería a la concesionaria (la aseguradora DKV y Ribera Salud). Cuando la Consejería de Sanidad sacó a concurso la gestión de este departamento de salud, la adjudicataria se comprometió a construir un nuevo hospital, reformar el antiguo hospital de Dénia y convertirlo en sociosanitario y reformar el centro de especialidades de Dénia. Así consta en el contrato firmado por ambas partes en marzo de 2005.

Sin embargo, en diciembre de 2008, la consejería dio un vuelco a estas condiciones. La adjudicataria ya no debía reformar el antiguo hospital de La Pedrera, que asumió la Generalitat, ni el centro de especialidades. En lugar de ello, ha de construir un centro de salud en las dependencias de La Pedrera, otro centro de salud en Dénia y reformar el centro de salud de Calp para convertirlo en un centro integrado. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PSPV, ante lo que este partido considera un regalo a la concesionaria por excusarla de reformar del antiguo hospital, estos cambios "suponen un aumento de inversiones, por lo que no hay regalo, sino todo lo contrario".

Estos dos casos tienen el precedente de la operación rescate del hospital de Alzira, que el Consell ejecutó a finales de 2002. Por entonces, al primer hospital de gestión privada, que abrió sus puertas en enero de 1999, no le salían las cuentas y acumulaba, ejercicio tras ejercicio, números rojos. Y el Partido Popular no se podía permitir el lujo de que fracasara su principal apuesta en política sanitaria. Ante este escenario, la Generalitat optó por rescatar el hospital y volverlo a sacar a concurso bajo unas condiciones económicas y de gestión más atractivas.

Teóricamente, esta nueva operación estaba abierta a cualquier empresa, aunque volvió a concederse a la anterior adjudicataria (Adeslas, Ribera Salud, Lubasa y Dragados) con importantes ventajas. En lugar de controlar sólo el hospital, como especificaban las condiciones del contrato inicial, la empresa se haría cargo de la atención sanitaria integral, es decir, además del hospital, asumía la asistencia primaria.

Esto le permitió no sólo controlar el flujo de pacientes que llegaban al hospital desde los centros de salud, sino además cobrar un canon mayor por paciente. Además, el plazo de explotación se alargó de los 10 años previstos inicialmente a 15 años prorrogables a otros cinco más. En 2005, la sociedad ganó 1,8 millones de euros. En 2006 fueron 2,5 y en 2007 la suma alcanzó los 3,1 millones de beneficio.