Saqueo en Emarsa
"Este es el país en el que más fácil es hacerse rico, y en menos tiempo", proclamó el ministro socialista -o lo que sea-, Carlos Solchaga, a finales de los ochenta. Se refería, obviamente, al auge económico del momento, y lo bien cierto es que algunos de sus cofrades se aplicaron a demostrarlo exprimiendo sus cargos políticos o metiendo mano con frenesí en los dineros públicos. Pocos años después, la Comunidad Valenciana también se promocionó como tierra de oportunidades bajo gobiernos del PP, lo que no pocos de sus partidarios más o menos conspicuos aprovecharon para entrar a saco y convertir su partido en una ladronera justamente afamada en el concierto de las autonomías. No vamos a rememorar, por conocida, lo que ya es una antología de la corrupción, sino que nos limitaremos a glosar este penúltimo episodio que ha constituido el saqueo de Emarsa, que estos días goza del fulgor mediático.
Aunque estamos avezados a la picaresca que priva por estos pagos, la verdad es que este asunto de la depuradora de agua de Valencia revela algunas notas singulares. La primera de ellas, a nuestro juicio, junto a la millonaria cifra de euros estafada al erario, es la desfachatez en el modus operandi de los encartados. Da la impresión de que les importaba una higa el descubrimiento de sus fechorías, e incluso cabe pensar que las reputasen prácticas normales o, en todo caso, blindadas. Todo ese dinero derrochado en lujos, regalos, viajes, trabajos no realizados, compras esperpénticas, como los 58.400 euros en bolígrafos y artículos de promoción (¿promoción de qué?), servicio de azafatas y generosos ágapes, entre otros capítulos más gravosos, delatan un esnobismo trasnochado y escandaloso que habría de ser necesariamente advertido por el entorno político de los gestores de la empresa.
Sin embargo -y esta es otra nota-, nadie llamó la atención a sus responsables más directos, el gerente, que es un enfermero de profesión a las órdenes -al parecer imperativas- del presidente de la sociedad, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, un tal Enrique Crespo. Dos individuos que, a tenor de los hechos conocidos, deberían estar a buen recaudo, como otros beneficiados. Y no lo están todavía. Como tampoco, que se sepa, ha asumido su parte de culpa la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en tanto que el Ayuntamiento de la capital controla el 50% de la entidad saqueada. Como principal accionista, ¿qué vigilancia ha efectuado o qué información ha recabado a lo largo de estos últimos años? Ninguna. No diremos que era cómplice, si bien lo parece, pero sí que estaba en Babia o atareada machacando a los damnificados de El Cabanyal.
Se han esfumado 17 millones de euros, hemos vuelto los valencianos a dar la nota y es muy probable que este atraco únicamente sirva para acrecer el trabajo de los jueces, lentos como siempre. La derecha, ya es sabido, no castiga la corrupción y se atiene a la norma de que si los políticos sin distinción no roban es porque no tienen opción. Mentira. Más cierto es que muy a menudo los políticos que roban es porque sus partidos y sus clientelas comparten su inmoralidad. No hay más que reparar en las protestas o denuncias que en este o en otros numerosos casos han surgido del seno del PP. Ni una sola. Lo cual no exime a su líder de poner coto a este desmadre. Alberto Fabra tiene trazas de ser un hombre honrado, cauto y también contundente. Pero, claro, su predecesor también lo parecía.
