"Sentimos rabia e impotencia"

Las consecuencias del colapso de las arcas de la Generalitat Valenciana empiezan a visualizarse en el día a día de miles de ciudadanos cuyo presupuesto está ligado directamente a los pagos de la Administración, bien por la vía de las subvenciones o por la prestación de servicios. Las demoras en el abono de las cantidades comprometidas por parte del Consell estrangulan la economía de sectores como los libreros o los farmacéuticos, y han puesto en pie de guerra a los abogados del turno de oficio. Y junto a ellos, y a otros proveedores, la angustia aflora en colectivos como los dependientes y enfermos mentales, para quienes las ayudas públicas son básicas para apuntalar una existencia digna.

"Si no cobramos pronto, algunos tendrán que cerrar", asegura la librera

"Es un trabajo muy duro", asevera el padre de un dependiente

Una asociación de enfermos mentales de Alcoi ha suprimido servicios

"No sabemos ni cuándo ni cómo cobraremos", afirma una abogada

El Consell adeuda más de 75 millones a los dependientes, cerca de 800 a los farmacéuticos, otros 14 a los libreros y otros tantos a los abogados del turno de oficio. Cuatro personas que sufren en carne propia la asfixia económica del Consell relatan cómo les repercute en su vida diaria.

- Cristina Cuenca, librera. Lleva 25 años vendiendo libros, y jamás pensó que su negocio iba a estar al borde de la ruina por culpa del impago de la Generalitat. Cristina Cuenca, de 48 años, regenta con su hermana la librería-papelería Checa, en la zona de la playa de San Juan de Alicante, y la Consejería de Educación le debe 3.200 euros por la campaña del bono-libro de este año. Pero a su marido, que tiene otra librería, le deben 12.000 euros y a su hijo, que tiene otro negocio igual, otros 8.000 euros. "Si no llega a ser porque el banco nos conoce mucho, tendríamos que cerrar", admite irritada. Los libreros han pagado sus facturas, pero no han cobrado de la Generalitat. "Nos dicen que no hay dinero, y no saben cuándo cobraremos", se lamenta. "Nosotros no tenemos por qué pagar los libros de nadie, y tenemos una carta en la que el Consell se compromete a pagar en 50 días, pero de septiembre a ahora ya han pasado y seguimos igual", asegura. En la misma situación están también algunas distribuidoras de libros que vendieron ejemplares directamente a las asociaciones de madres y padres de alumnos. "Se me cae la cara de vergüenza si no pago una factura, así que hemos adelantado el dinero", asegura. "Lo peor es que llamas y ya ni contestan. Si no cobramos pronto algunos tendremos que cerrar", advierte.

- Miguel Martorell, padre de un dependiente. Miguel Martorell, de 62 años y celador en un centro de salud de Alicante, es uno de los miles de valencianos que sufre las consecuencias de los retrasos de la Administración valenciana. Tiene un hijo de 29 años calificado como gran dependiente. Va en sillas de ruedas, requiere respiración asistida y lo único que mueve son las manos. Su hijo Javier necesita ayuda y atención en todo momento. Martorell solicitó la que le corresponde por la Ley de Dependencia en 2007, y se la concedieron en 2010. "Tardaron casi cuatro años pero al final se la dieron", recuerda. Recibía una prestación de 598 euros al mes, pero en los últimos meses están cobrando con retraso. Todavía no les han abonado octubre. "Sentimos rabia, impotencia e inseguridad ante una Administración que acumula todo el poder, y por mucho que nos quejamos seguimos igual", se lamenta Martorell, miembro de la Plataforma de Apoyo a la Ley de Dependencia de Alicante. Denuncia el "parón" en la aplicación de la ley, ya que desde el mes de marzo apenas se han concedido nuevas ayudas. La que reciben sirve para pagar al cuidador que cada mañana, y alguna noche, atiende a su hijo que necesita atención permanente. "Es una carga muy pesada, un trabajo muy duro. Y gracias a que la familia nos ayuda mucho", cuenta.

- Pascual Arnau, de la asociación de enfermos mentales de Alcoi. Pascual Arnau, de 43 años, de la Asociación de Familiares por la Integración de los Enfermos Mentales de Alcoi, ha vivido unas semanas muy duras debido a los impagos del Consell. Su asociación, que atiende a un centenar de enfermos mentales, se ha visto obligada a despedir a los 17 trabajadores que atendían a los enfermos y a sus familias debido a las deudas de las consejerías de Sanidad y Bienestar Social. "El impago raya lo inimaginable, pasan los días y los meses sin cobrar, y al final hemos tenido que cancelar servicios", dice Arnau, que tiene, además, un hermano con una patología dual que está ingresado en una residencia psiquiátrica. "Si este año no han llegado las subvenciones aprobadas, no quiero ni pensar qué puede pasar el próximo", advierte.

Desde 1993, la asociación atendía a los enfermos mentales de la comarca de L'Alcoià-Comtat y a sus familiares, porque "en la enfermedad mental tan importante es el enfermo como su familia". Disponía de viviendas tutelas, un centro de rehabilitación e integración social, servicios de atención a los familiares y, además, estaban construyendo un centro para enfermos mentales. Ha tenido que suspender las obras porque la Generalitat no les paga los 3,6 millones de euros que les concedió. El problema es que ahora en la comarca la parte de salud mental está "desasistida" y es "injusto que al final la Administración corte y afecte al más débil".

- Eva Sanz, abogada. La abogada Eva Sanz es otra de las personas que sufre en primera persona las consecuencias de los sucesivos retrasos del Consell a la hora de pagar los servicios comprometidos, en este caso el turno de oficio. En total, el Consell debe 14 millones de euros a los abogados valencianos.

Sanz está incluida en las guardias del turno de familia, penal, violencia de género y ley de Dependencia del partido judicial Benidorm-La Vila Joiosa, en total una media de dos guardias al mes, y en los últimos años con la incertidumbre de cuándo va a cobrar sus honorarios. "Lo peor es que no sabemos cuándo ni cómo vamos a cobrar ni tampoco que va pasar con el actual sistema. Si habrá recortes o se bajarán los honorarios", comenta.

La letrada calcula que por los servicios prestados este año la deuda del Consell con ella ronda los 6.000 euros. La abogada destaca que en la actualidad, y debido a la crisis, la justicia gratuita se ha disparado, pero recela de la propuesta del Consell de fijar una partida cerrada para el próximo a cambio de cobrar los atrasos de 2011: "Eso es una auténtica chapuza". Sanz admite que la crisis ya afecta a los abogados. "Los honorarios del turno de oficio, que antes se contabilizaban con un extra, ahora para algunos representan una parte importe de sus ingresos".