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La Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje

Caballero publica el informe tras el desinterés de la presidenta de las Cortes

Dos meses y medio cubren cualquier periodo de cortesía. La Síndic de Greuges, Emilia Caballero, colgó ayer en Internet el informe correspondiente a 2006 entregado en el registro de las Cortes Valencianas el 17 de octubre. La publicidad del informe se produce después de que la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, haya sido incapaz de encontrar un hueco en su agenda para recibir a la Síndic de Greuges que deseaba, como ha sido habitual, entregarle su informe anual en mano.

En el informe correspondiente a 2006, divulgado ayer, la Síndic de Greuges denuncia el trato de favor al urbanismo salvaje. Caballero relata que tanto el informe sobre la existencia de recursos hídricos como la declaración de impacto ambiental no se obtienen al inicio del procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos, sino al final, de manera que es el proyecto "el que condiciona y limita en la práctica la declaración de impacto ambiental y no al revés".

La Síndic destaca "la importante reticencia" del Consell y los ayuntamientos para pedir informes favorables sobre la existencia de agua necesaria a la Confederación Hidrográfica del Júcar. El informe asegura que en muchas ocasiones este informe no se llega a solicitar y en otras muchas se intenta suplantar o sustituir con informes de otras entidades que carecen de competencia legal para acreditar la existencia de agua suficiente.

"Desde esta institución no nos cansamos de repetir que no se debe aprobar y ejecutar un plan urbanístico si no se cuenta con el informe favorable de la Administración estatal de aguas", indica Caballero en su informe.

Para Caballero, las Administraciones valencianas deberían ser más transparentes y hacer mayores esfuerzos por facilitar la información urbanística a los ciudadanos. La Síndic también constata que "en más ocasiones de las deseables" la Administración es reacia a iniciar expedientes sancionadores y ordenar las demoliciones de las construcciones ilegales".

En su escrito, la defensora de los ciudadanos recalca también la insuficiente oferta de viviendas de protección pública y afirma: "son muchas las quejas que hemos tramitado relativas a personas que llevan años esperando una vivienda y que, debido a la escasez de las mismas, todavía no han podido acceder a ella". "Son interminables las listas de espera", remacha la Síndic que ve "inadmisible que la propia Generalitat no mantenga en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias para garantizar el derecho a una vivienda digna". El informe corresponde a 2006 y, con posterioridad, el Consell anunció un plan para rehabilitar su parque de viviendas públicas de acuerdo con los ocupantes.

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De acuerdo con el informe, la Síndic recibió 280 quejas relacionadas con el urbanismo -una de cada cinco presentadas. El documento denuncia que ocho consejerías mostraron una actitud "hostil" o "entorpecedora" a los requerimientos de la Síndic. Actitud demostrada también por un total de 25 ayuntamientos.

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