Sindicatos, padres, alumnos y profesores piden anular el concierto de bachillerato

La apertura del proceso de matriculación en los colegios tropezó, ayer, con la oposición en bloque a la orden que extiende el concierto educativo al bachillerato por parte de todos los sindicatos de la enseñanza, las asociaciones de padres de alumnos de la escuela pública, el sindicato de estudiantes y las asociaciones de directores. Cientos de profesores, padres y dirigentes sindicales se concentraron ante los Servicios Territoriales de Educación para interponer un recurso contra los que consideran una cesión "electoralista" del PP a las patronales de la enseñanza antes de las elecciones del 27-M.

El recurso interpuesto por todas las asociaciones profesionales considera que la orden promulgada el viernes 11 de mayo -con "nocturnidad", "urgencia" y de espaldas al Consell Escolar Valencià y la mesa sectorial de negociación- supone una "clara vulneración de los derechos fundamentales de los centros y alumnos, dificultando la eficacia y estabilidad del sistema educativo público valenciano". Además, reza parte del recurso interpuesto, de que "atenta contra los principios básicos que rigen el sostenimiento de los centros educativos con fondos públicos de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Constitución".

El respaldo a la protesta de ayer de los directores de primaria y secundaria supone un espaldarazo a la anunciada campaña pública contra la extensión de los conciertos al bachillerato -[la ley no permite extender el concierto al tratarse de un tramo educativo no obligatorio]- y anticipa un incremento de la "presión" que harán en sus respectivos claustros de sus respectivos para informar sobre "la existencia de plazas gratuitas" en la red pública.

La campaña de información en los centros -coordinada por la Confederación de padres Gonzalo Anaya y los sindicatos de estudiantes FAAVAEM y la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans- supone un revés de última hora a la estrategia de captación de alumnos iniciada en febrero por las patronales y colegios privados, aprovechando la "política de confusión" creada por la propia Dirección de Enseñanza y sus Servicios Territoriales al mantener en el aire la redacción de los decretos y órdenes de admisión y de adscripción (el que regula a qué instituto irán los alumnos al finalizar la primaria) que deberían garantizar un proceso ordenado y transparente, según han denunciado padres y alumnos en las múltiples manifestaciones educativas de abril y mayo.

La consejería, no obstante, decidió seguir adelante con su objetivo, pese a la advertencia la semana pasada de los cinco sindicatos de la enseñanza en bloque con CC OO, STEPV, UGT -incluidos los derechistas moderados del CSIF y Anpe- de que "no se puede concertar el bachillerato, antes de que estén terminados los nuevos centros educativos contenidos en el Mapa Escolar, y sin tener en cuenta la planificación de las plazas públicas que habrá".

El resto lo precipitó el viernes la negativa del director territorial de Valencia, Camilo Miró, a reunirse con los sindicatos, con lo que la campaña en contra se ha generalizado a todos los centros educativos y sus barrios, como confirma la participación en la protesta de las dos asociaciones profesionales de directores. "Con esta convocatoria el PP establece un escenario en el que queda disminuida la capacidad de elección de centro educativo por parte del alumnado y sus familias, ya que el plazo de matrícula -incluido el bachillerato- estará cerrado justo cuando entren en vigor los conciertos. Esto supone que el alumnado habrá sido seleccionado por los titulares privados sin ningún control ni comisión de escolarización, que garantice la equidad a la hora de acceder a una plaza concertada pero financiada con dinero público", resumió Inma Sánchez, la portavoz de la Junta de Personal Docente.