Situación límite en la enseñanza

La deuda de la Generalitat ha llevado a la educación pública a la asfixia. La situación de los centros públicos es desesperada porque no pueden afrontar los gastos que genera la propia dinámica del servicio que prestan. El caso del centro de Secundaria Jorge Juan de Alicante, al que ayer le fue cortada la luz porque no había podido pagar el servicio desde octubre debido a que no recibe los ingresos de la Consejería de Educación, marcó el rumbo que se pueden ver obligados a seguir la mayoría de los institutos de la Comunidad Valenciana.

Los directores de los centros de Secundaria celebraron ayer asambleas en las tres capitales de provincia para analizar la dramática situación a la que se han visto abocados por la delicada situación financiera del Gobierno valenciano. En respuesta, dieron un ultimátum al Consell para que abone los dos cuatrimestres de 2011 que les debe (32,5 millones), que expira el martes. Si el Consell incumple de nuevo, se abre un escenario de movilizaciones. Los más de 40 centros de Secundaria de Castellón ya han dado un paso en esa dirección y la próxima semana llevarán a cabo encierros como medida de presión.

Esta situación, agravada por los recortes del Consell, han avivado las protestas que los profesores. Ayer la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, un colectivo integrado por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) y los principales sindicatos de educación, anunció la convocatoria de una manifestación para el próximo sábado, en Valencia y Alicante, para denunciar la situación que atraviesa el sistema público .

Pero las consecuencias de la deuda del Consell no paran ahí. También comprometen el funcionamiento del sistema universitario valenciano. Las cinco universidades públicas de la Comunidad (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universitat Jaume I de Castellón) hicieron frente común ayer para denunciar que los impagos del Gobierno valenciano las están llevando "a una situación límite que puede poner en riesgo la prestación del servicio público de educación superior".