Suelo público a seis euros el metro

El juzgado número 3 de Castellón acogió ayer la declaración del alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, imputado por un presunto delito de prevaricación tras vender suelo municipal a 6 euros y sin sacarlo a subasta pública. Además del alcalde, la denuncia presentada por la fiscalía señala también al resto de concejales del PP de la anterior Corporación, así como a los ediles del grupo independiente y un expulsado del PSPV, que también votaron a favor, a los constructores que compraron el suelo y al arquitecto municipal. Uno de los promotores a los que se les vendió el suelo es primo del edil de Urbanismo.

El precio de mercado rondaba entonces los 200 euros por metro

El Grupo Ecologista para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) presentó una denuncia poco después de que el Ayuntamiento aprobara la venta. El entonces fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, la archivó alegando que se trataba de un asunto "administrativo" . Hace unos meses, la fiscalía, que ahora encabeza Javier Carceller, reabrió el caso y presentó denuncia ante el juzgado.

En 2003 el Ayuntamiento de Oropesa adjudicó a la empresa Cantavella y Tamborero un desarrollo urbanístico, de más de 100.000 metros cuadrados, como ampliación de una urbanización ya existente, El Balcó, en una zona colindante con la playa de La Renegà. La propuesta del entonces y ahora responsable de Urbanismo, Tomás Fabregat, incluía la venta de más de 10.000 metros cuadrados de suelo municipal, procedentes del 10% de aprovechamiento que los promotores han de ceder a los Ayuntamientos. Los propios promotores marcaron el precio del suelo, 6 euros por metro cuadrado. Los precios de mercado rondaban entonces los 200 euros por metro, según Gecen, que en su denuncia citaba propuestas aceptadas por el mismo Ayuntamiento en otros sectores que elevaban el precio del suelo a 240 euros por metro cuadrado, así como el precio de la zona colindante que, una vez urbanizada, llegó a 600 euros por metro.

La ley sostiene que las enajenaciones de bienes patrimoniales deben realizare a través de subasta. La norma admite excepciones para los casos de "enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario, previo expediente que acredite la necesidad de efectuarla". Sin embargo, según los informes de los técnicos, no se daban estas circunstancias. Así, la venta se realizó pese a que el informe de la interventora advertía de "las iregularidades implicadas en la posible adjudicación directa al urbanizador" y a que la secretaria mantenía que "procedería la enajenación del suelo por medio de subasta". El informe jurídico era aún más esclarecedor: señalaba que, en el caso de que finalmente el Ayuntamiento optara por vender el aprovechamiento al urbanizador, el técnico municipal debería emitir un informe favorable que justificara el precio del aprovechamiento. Y sentenciaba que la propuesta del urbanizador "no se ajusta a derecho".

Ayer, ni el alcalde ni el resto de concejales del PP hicieron declaraciones al salir del juzgado.