El TSJ cree que Hernández Mateo se lucró con la finca pero sin delito

Varapalo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la juez instructora y, en paralelo, balón de oxígeno para el imputado, en este caso el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP. El alto tribunal ha emitido un auto en el que rechaza la competencia para investigar la causa abierta al regidor y también diputado autonómico por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de la millonaria plusvalía (5,2 millones de euros) que Hernández Mateo ganó con la compraventa de una finca.

El tribunal considera que, de acuerdo con las diligencias remitidas por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja, no hay indicios de delito en la "ventajosísima" operación. De ahí que el TSJ devuelva el sumario a la juez para que pruebe la acusación, o de lo contrario archive el sumario, según informó el alto tribunal en una nota oficial.

La juez envió el sumario al TSJ a finales del pasado mes de octubre, dada la condición de aforado del regidor, que también es diputado autonómico. El ministerio público en su informe subrayó que no estaba probado el delito de tráfico de influencias por el que se imputó a Hernández Mateo.

Hernández Mateo compró la finca en 2002 por 180.000 euros y dos años más tarde la vendió por 5,4 millones. El alcalde formalizó la operación de compra y venta con la mercantil Edén del Mar, adjudicataria de programas urbanísticos en Torrevieja.

Para el TSJ, según la mencionada nota, las diligencias practicadas por el juzgado instructor sólo permiten concluir que el denunciado realizó una "ventajosísima" operación, pero de las actuaciones practicadas no se desprende "ningún dato objetivo" para sostener que la beneficiosa operación tuviera su origen en una información privilegiada, ni hay datos sobre tráfico de influencias.

La sala cree que la diferencia "tan exagerada" entre el precio de la compra y venta de la finca "podría ofrecer la apariencia de una operación especulativa", pero esas "conjeturas" de quien así lo pudiera percibir no responden sino a meras sospechas, sin soporte indiciario. "La existencia de sospechas no permiten mantener abierto un proceso indefinidamente", concluye el auto. La causa a Hernández Mateo se abrió en 2005 tras denunciar el caso Los Verdes y Esquerra Unida.